Aunque las noticias sobre el avance del crimen se han multiplicado y la ciudadanía ha salido a las calles frente a la inacción del Estado, el tema ha ocupado un lugar marginal en el debate electoral. Cuando apareció, lo hizo de forma superficial y sin consecuencias, pese a que su relevancia.
Las ciudades ya sienten los síntomas de este fenómeno: extorsiones que paralizan negocios, sicariato que normaliza la muerte, una sensación creciente de que el Estado no llega o llega demasiado tarde. Pero el diagnóstico habitual —más policías, más cárceles, más mano dura— ignora deliberadamente dónde está la raíz del problema.
Hasta los medios de comunicación masivos parecen evitar las preguntas centrales: ¿Qué ha impulsado la expansión del crimen organizado? ¿Qué impacto real está teniendo sobre el país y sus instituciones? ¿Quiénes son los responsables políticos? ¿Cómo llegamos hasta aquí?
La expansión del crimen organizado responde a una combinación de tres factores: mercados ilícitos altamente rentables; Estados ausentes, débiles o capturados; y sociedades con una capacidad limitada para resistir la violencia y los incentivos económicos de las actividades ilegales. El Perú reúne hoy las tres condiciones.
Oro y cocaína. Esas dos palabras explican buena parte de lo que está ocurriendo en el país.
La economía criminal que financia el sicariato urbano, que corrompe jueces y fiscales, que captura gobiernos regionales, tiene sus raíces en la Amazonía, abandonado por la política nacional e ignorado en el debate electoral. Allí operan redes transnacionales que durante la última década han fortalecido su control territorial, ampliado su influencia política y diversificado sus fuentes de ingreso.
En demasiados lugares, el Estado es un visitante ocasional; en otros, sus propios funcionarios participan de las actividades que deberían combatir. En extensas zonas de frontera, organizaciones criminales provenientes de países vecinos imponen las reglas en coordinación con grupos locales, estableciendo una autoridad paralela que el Estado no disputa.
Los pueblos indígenas conocen esta realidad mejor que nadie. La enfrentan todos los días, prácticamente solos, mientras observan cómo las autoridades los recuerdan en discursos y los abandonan en la práctica.
La arquitectura del desastre
Este escenario no es producto de un accidente. Es el resultado predecible de años de decisiones políticas deliberadas de parte de las mayorías en el Congreso.
El Perú cuenta hoy con uno de los marcos normativos más favorables para la expansión de economías ilegales de toda la región. Las sucesivas ampliaciones del REINFO convirtieron un mecanismo transitorio en un instrumento permanente que permite la continuidad de actividades ilícitas bajo apariencia de formalización. Además, la ley antiforestal facilitó la regularización de invasiones de tierra.
Paralelamente, el Congreso debilitó organismos de fiscalización, restringió herramientas de investigación y mantuvo crónicamente subfinanciadas a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. El mensaje fue claro: mientras el Estado se hacía más débil, las economías ilegales crecían.
El fujimorismo ha desempeñado un papel central en esta arquitectura: promovió y respaldó normas que favorecieron la expansión de estas actividades. No es una acusación ideológica. Es un hecho verificable en los registros legislativos.
El caso de Juntos por el Perú es distinto. No formó parte de la alianza detrás de las leyes pro-crimen, aunque respaldó el REINFO y mostró una preocupante ambigüedad frente a la minería ilegal. Tampoco ha desarrollado una visión sólida sobre seguridad y crimen organizado. Pero, al menos, se ha comprometido a derogar las leyes pro-crimen y revertir la ley antiforestal.
El miedo como estrategia de distracción
En este contexto, resulta llamativo que buena parte de la campaña siga girando alrededor del “miedo a la izquierda”. Mientras organizaciones criminales consolidan su influencia sobre territorios, economías e instituciones, el debate público permanece atrapado en fantasmas ideológicos de otra época. Agitar ese miedo tiene una consecuencia muy precisa: desplaza la discusión sobre el problema más urgente que enfrenta el país.
La pregunta central de esta elección no es si un candidato es más de izquierda o más de derecha. Es si el próximo gobierno estará dispuesto a enfrentar seriamente al crimen organizado y desmantelar el sistema construido en los últimos diez años desde el Congreso.
¿Recuperaremos el control de territorios donde el Estado se ha retirado? ¿Desmantelaremos las redes económicas que sostienen la violencia? ¿Respaldaremos a los pueblos indígenas que arriesgan sus vidas a diario? ¿Enfrentaremos la corrupción y haremos responsable a aquellas personas que han participado de ella?
Lo que hace falta
Ese desafío no se resolverá con eslóganes ni con militarización. El crimen organizado no se derrota solamente con despliegues de fuerza. Se enfrenta debilitando las estructuras económicas, políticas e institucionales que le permiten prosperar. Se enfrenta con justicia y alternativas.
Eso exige derogar las normas que facilitan las economías ilícitas; fortalecer la cooperación regional siguiendo el liderazgo fundamental de Brasil, porque el crimen opera a escala regional mientras los Estados actúan dentro de fronteras administrativas; recuperar la presencia efectiva del Estado en la Amazonía —no solo mediante fuerzas de seguridad, sino mediante servicios públicos, justicia y salud—; perseguir las redes que financian y habilitan al crimen en el país, y respaldar a los pueblos indígenas que hoy constituyen la primera línea de defensa frente a la expansión criminal.
Lo que está en juego en esta elección no es solamente la presidencia de la República. Es la capacidad del Estado peruano para seguir gobernando partes crecientes de su propio territorio. De lo contrario, el Perú podrá convertirse en el refugio más seguro del crimen en la región.
