El video dura menos de treinta segundos. Un grupo de hombres baila alrededor de un muñeco gigante de Nayib Bukele durante una fiesta patronal en Cajamarca. A unos metros, otras personas recrean una escena común en las fotografías oficiales del gobierno salvadoreño: detenidos arrodillados, con las manos en la espalda y la cabeza gacha. «Perú necesita un Bukele», se lee en los comentarios.
El propio presidente de El Salvador compartió la publicación en febrero de este año. En pocos días superó las 700 mil reproducciones.
Este no es un hecho aislado. En los últimos años, el modelo de seguridad salvadoreño dejó de ser solo una referencia extranjera para convertirse en parte del debate político peruano. Según especialistas, estas narrativas comparten características presentes en fenómenos de manipulación e interferencia informativa extranjera, concepto conocido como FIMI (por sus siglas en inglés).
Organismos internacionales utilizan el término para describir operaciones destinadas a influir en ecosistemas informativos extranjeros mediante campañas de amplificación, polarización o manipulación narrativa. Investigadores y especialistas en desinformación sostienen que ciertos patrones observados en la discusión pública peruana —uso político del miedo, circulación transnacional de discursos de seguridad e hiperpolarización digital— coinciden con dinámicas analizadas en otros contextos internacionales.
«Ya no se trata solamente de noticias falsas», explica Mauro Marino, investigador del Observatorio de la Desinformación: misión Perú. «Lo importante es entender cómo determinados discursos logran instalarse, amplificarse y moldear percepciones políticas en contextos de crisis», apunta.
En Perú, el terreno para ese discurso ya estaba preparado. Durante el 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 26.585 denuncias por extorsión. Los homicidios aumentaron de manera sostenida durante los últimos años. En ese escenario, el miedo comenzó a transformarse también en capital político.
Seguridad sin democracia
Durante esta campaña electoral, prácticamente todos los candidatos hablaron de inseguridad. Keiko Fujimori propuso construir megacárceles, desplegar militares en las calles, traer de nuevo a los jueces sin rostro y retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Rafael López Aliaga defendió públicamente la pena de muerte y planteó enviar reos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión construida por Nayib Bukele en El Salvador que se ha convertido en símbolo internacional del punitivismo.
Las referencias dejaron de ser simbólicas.
En abril de 2026, Porfirio Chica —asesor y estratega salvadoreño vinculado al oficialismo de Bukele— compartió una publicación de Fuerza Popular que promovía la construcción de un «CECOT peruano». Meses antes, Christian Guevara, jefe de bancada del partido Nuevas Ideas, publicó en X una fotografía de la cédula electoral peruana con un mensaje breve: «En Perú tienen claro cuál es el camino». La conversación sobre el escenario peruano empezó a aparecer con frecuencia dentro del ecosistema digital afín a Bukele.
Para Gabriel Labrador, periodista salvadoreño del medio El Faro, el éxito político del modelo no puede entenderse únicamente desde la seguridad. «Bukele logró instalar la idea de que cualquier límite democrático era un obstáculo para combatir el crimen», explica. «Y cuando una sociedad vive con miedo durante demasiado tiempo, ese discurso empieza a parecer razonable», detalla.
Los números acompañan esa percepción. Según la encuestadora Ipsos, en un estudio realizado para IDEA Internacional, uno de cada cuatro peruanos considera que, en determinadas circunstancias (como situaciones de alta inseguridad ciudadana), un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.
La circulación del discurso
A través de un análisis a las publicaciones en la red X del mandatario salvadoreño y de algunos candidatos presidenciales peruanos durante la elección presidencial 2026, Al Margen identificó discursos similares que se repiten en distintos contextos nacionales: la Corte IDH como un obstáculo para combatir el crimen, el descrédito de la prensa independiente, los derechos humanos entendidos como privilegios para delincuentes, las organizaciones civiles como actores sospechosos y la idea de instituciones «capturadas» que deben ser recuperadas mediante medidas excepcionales.
Uno de los ejes más visibles es la representación de la Corte IDH como una interferencia frente a la soberanía estatal. Fuerza Popular difundió fragmentos del debate presidencial en los que Keiko Fujimori planteó retirar al Perú de la Corte si ello era necesario para enfrentar la inseguridad.
Otro patrón recurrente es la deslegitimación de la prensa independiente. En El Salvador, Bukele suele perseguir y ridiculizar a medios como El Faro, Revista Factum o La Prensa Gráfica, a los que acusa de responder a intereses políticos. En una publicación de 2020 llegó incluso a referirse a estos medios como «paginitas web nuevas» que no hacen «periodismo de verdad». En Perú, expresiones como «prensa caviar» o «mermelera» comenzaron a aparecer con frecuencia en publicaciones y discursos de actores políticos locales como Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y también aspirante al sillón presidencial.
La narrativa sobre derechos humanos también presenta similitudes. Bukele ha sostenido reiteradamente que las organizaciones defensoras de derechos humanos protegen a delincuentes mientras abandonan a las víctimas. En una publicación de 2025 cuestionó directamente por qué «defienden los derechos humanos del delincuente y no los de las víctimas». En Perú, mensajes similares aparecieron en publicaciones de José Williams, quien en primera vuelta prometió «priorizar los derechos de los buenos peruanos», y del partido Progresemos, donde se afirmaba que «hoy solo se defienden los derechos de los delincuentes».
Más que copiar propuestas concretas, lo que parece circular regionalmente es un repertorio político reconocible: enemigos definidos, soluciones inmediatas y una narrativa donde las restricciones democráticas aparecen como obstáculos frente a la seguridad.
La red detrás del discurso
Pero el respaldo a la figura del mandatario salvadoreño no se limita al entorno digital latinoamericano. Bukele aparece también como referencia frecuente en espacios conservadores internacionales como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En diciembre de 2024, la cuenta oficial del foro difundió un video donde Javier Milei afirmaba que Donald Trump, Bukele y Argentina representaban una «oportunidad histórica» para impulsar nuevos «vientos de libertad» y dar la «batalla cultural».
La Fundación Disenso —asociada al partido español VOX— también ha reivindicado públicamente la figura del mandatario salvadoreño. En una publicación de 2021, la organización sostuvo que «la historia de Nayib Bukele está marcada por el éxito» y destacó su capacidad para convertirse en «su propia marca política».
Dentro del análisis digital realizado para este reportaje también se identificaron figuras vinculadas a la seguridad salvadoreña participando en espacios internacionales donde coinciden actores políticos y operadores de distintos países. Uno de ellos es Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, quien participó junto a Keiko Fujimori en un encuentro sobre seguridad y gestión de crisis organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, que se define como “independiente y no partidista”.
Pero la aproximación de sectores políticos peruanos hacia referentes internacionales de derecha no comenzó con Bukele. En 2021, Keiko Fujimori participó en Viva21, un evento organizado por VOX. Al finalizar su intervención, agradeció públicamente a la agrupación y aseguró que Fuerza Popular defendería «la libertad, la democracia y la vida».
Integrantes de su partido también firmaron la denominada Carta de Madrid, un manifiesto impulsado por la Fundación Disenso, que plantea enfrentar el avance del «comunismo» en América Latina. Entre los firmantes aparecen Diethell Columbus, el fallecido Hernando Guerra-García y Rosangella Barbarán.
La aproximación incluyó además figuras vinculadas al trumpismo estadounidense. Carlos Díaz Rosillo, exasesor de Donald Trump, participó recientemente en actividades relacionadas al entorno político de Fujimori. Y años antes, durante la campaña presidencial de 2011, la lideresa de Fuerza Popular ya había buscado acercamientos con Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York conocido por impulsar políticas de «tolerancia cero».
Lo que estos vínculos revelan no es solo una coincidencia de afinidades: es una arquitectura discursiva compartida. Endurecimiento penal, militarización de la seguridad, confrontación política permanente y construcción de enemigos internos presentados como amenazas existenciales. Un libreto que viaja de país en país con llamativa coherencia.
Este medio se comunicó con el equipo de prensa de la candidata Keiko Fujimori para solicitar una entrevista acerca de sus propuestas en materia de seguridad. A la fecha de publicación, no se obtuvo ninguna respuesta.
Los datos de la "mano dura"
Para entender si la «mano dura» es una convicción genuina o una estrategia electoral, hace falta volver al inicio de la campaña, cuando la contienda no era entre dos rivales, sino entre 35.
Al Margen realizó un análisis de palabras clave ligadas al discurso punitivo en la red social X, con el objetivo de rastrear la influencia de narrativas extranjeras en el ecosistema digital local. La muestra incluyó a los candidatos y partidos que contaban con cuenta oficial activa en X entre el 1 de diciembre de 2025 y el 21 de mayo de 2026: 22 candidatos y 10 partidos políticos. Los términos rastreados abarcaron desde los más genéricos —»seguridad», «crimen», «delincuencia»— hasta los que contenían mayor carga punitiva: «Bukele», «CECOT», «pena de muerte», «tolerancia cero», «megacárceles» o «salida de la Corte IDH».
Los resultados revelan una paradoja. El candidato con mayor volumen de publicaciones sobre seguridad no fue Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez, quienes se disputan la segunda vuelta. Fue César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), quien acumuló 364 publicaciones —casi la mitad del universo total analizado—, de las cuales apenas 27 pueden enmarcarse en el concepto estricto de «mano dura». Mucho ruido digital, poco sustento ideológico.
De un universo de 756 publicaciones relacionadas a la crisis de seguridad, apenas 94 aterrizaron en terminología específicamente punitiva. La mayoría de los candidatos de primera vuelta recurrió a la palabra «seguridad» de manera masiva respondiendo al contexto peruano inmediato.
Eso hace aún más significativa la figura del nuevo fujimorismo. Con menos publicaciones que Acuña, encarna de manera más precisa el espíritu del punitivismo: no en X, sino en los mítines y las entrevistas, donde el discurso se radicaliza para conectar con el miedo. Y hay un detalle que lo ilustra con precisión: mientras el plan técnico de Fuerza Popular presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) guarda ciertas formas institucionales, la candidata reduce sus propuestas públicas a conceptos de alto impacto emocional —»megacárceles», «CECOT», «salida de la Corte IDH»— y apela directamente al modelo de Bukele en El Salvador.
María Paz de la Cruz, desde Amnistía Internacional, advierte que discursos como el retiro de la Corte IDH, si bien pueden ser eslóganes populares ante el miedo, omiten el costo real para la ciudadanía: la pérdida de una instancia de amparo frente al Estado. «La seguridad no puede construirse desde el miedo, desde el abuso o la violencia», afirma.
La brecha entre el documento formal y el discurso de campaña no es accidental. Es la arquitectura de una estrategia: moderación técnica para los árbitros electorales, punitivismo emocional para los votantes. Y en esa brecha vive la pregunta que el análisis de datos no puede responder por cuenta propia: ¿cuál de los dos es el programa real?
El precio del orden
El avance de estos discursos no ocurre en el vacío. Ocurre sobre un terreno abonado por décadas de instituciones que no responden.
Durante años, la inseguridad fue abordada por sucesivos gobiernos peruanos mediante estados de emergencia temporales, despliegues militares y anuncios de endurecimiento penal. Cada promesa llegó acompañada de cobertura mediática y ruido político. Pero la percepción ciudadana de inseguridad y descontrol no dejó de crecer. En ese ciclo de promesas incumplidas, propuestas que hace algunos años se hubieran definido como propias de una dictadura hoy se venden como la única vía para tener un país sin delincuencia.
Para el antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez, el fenómeno responde a un desgaste regional más profundo. «América Latina viene acumulando frustraciones democráticas desde hace décadas. Y cuando las instituciones dejan de ofrecer respuestas, el autoritarismo empieza a parecer una solución posible», sostiene.
Lo que nadie dice en voz alta es el costo real de esa solución. En El Salvador, el régimen de excepción impulsado por Bukele ha resultado en más de 80 mil detenidos, miles de denuncias por torturas y muertes en custodia, y la virtual desaparición del debido proceso. La tasa de homicidios se redujo, sí. Pero también lo hizo la prensa libre, la independencia judicial y la posibilidad de disentir sin consecuencias.
La pregunta de fondo ya no es únicamente cuánto puede endurecerse un Estado para combatir el crimen. Sino cuánto está dispuesta a ceder una sociedad —en nombre de la seguridad— antes de dejar de reconocerse como democrática.
*Este reportaje fue posible gracias al apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
