En la frontera entre Perú y Brasil, el estancamiento de la Reserva Indígena Yavarí Mirim ha dejado expuesto uno de los territorios más sensibles para los pueblos indígenas aislados. Mientras el Estado demora su protección, colonias vinculadas a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU) avanzan sobre la zona al mismo tiempo que aumentan los cultivos ilícitos y las rutas de ocupación en este extremo de la Amazonía peruana.
La propuesta de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim lleva más de una década detenida en los despachos de la comisión multisectorial encargada de evaluar la protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). En ese tiempo, el bosque empezó a cambiar.
En el Yavarí —río y distrito fronterizo de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto— la lógica de ocupación ya no responde únicamente al extractivismo maderero que durante años dominó esta frontera con Brasil. Donde antes ingresaban madereros de manera temporal, ahora aparecen asentamientos permanentes, chacras, caminos abiertos en medio del monte y nuevas formas de control territorial.
San José de Parinari y Monte de los Olivos, dos comunidades reconocidas oficialmente como nativas, pero que hoy son integradas principalmente por miembros de la AEMINPU, se han convertido en algunos de los principales núcleos de expansión israelita en la zona. La búsqueda de nuevas tierras agrícolas —promovida históricamente dentro del movimiento fundado por Ezequiel Ataucusi Gamonal— coincide ahora con uno de los corredores más vulnerables para los pueblos indígenas aislados de la Amazonía peruana.
Para Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Ticuna del Bajo Putumayo (FECOTYBA), la demora en la creación de la reserva dejó el territorio expuesto.
“Yavarí Mirim ya estaba lista para su creación, con expedientes y todos los requisitos cumplidos. Aun así, parece que hubo una orden para que entidades estatales no asistieran a la reunión. ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que se respete la vida de nuestros hermanos? Así van a dejar que sigan avanzando los cocales”, cuestionó.
La ocupación
El punto de quiebre empezó a configurarse en 2022. Ese año, la gestión del exgobernador regional Fernando Meléndez otorgó cuarenta y siete concesiones forestales sobre territorios superpuestos a la propuesta de reserva indígena. Aunque el Estado anuló posteriormente esos títulos, la decisión nunca se tradujo en vigilancia efectiva ni control territorial.
El vacío quedó abierto.
Monitoreos satelitales realizados por el Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales (ODDA) de ProPurús muestran cómo los asentamientos de San José de Parinari y Monte de los Olivos empezaron a extenderse hacia quebradas y bosques primarios. En paralelo, brigadas técnicas que recorrieron la zona durante 2025 recogieron testimonios sobre desplazamientos progresivos de población indígena y expansión de cultivos ilícitos.
Uno de los brigadistas, que pidió mantener en reserva su identidad y la organización para la que trabaja, recuerda que la llegada inicial de los israelitas estuvo marcada por actividades de evangelización. Después, asegura, aparecieron otros grupos.
“Cuando los israelitas llegaron al inicio eran muy pacíficos, con ánimo de ayudar a los indígenas. Los intentaron evangelizar. Luego llegó un segundo grupo, pero estos no eran amables. Implantaron los cocales y venían armados. Incluso algunos de los primeros israelitas que llegaron les tienen miedo. Los indígenas se fueron yendo poco a poco, pues no querían entrar en la siembra o por miedo. Ahora hay pocos indígenas; la mayoría son hermanos”, relató la fuente, utilizando el término con el que los integrantes de la AEMINPU suelen identificarse entre sí.
Fuentes vinculadas a la propia AEMINPU aseguran que parte de la población israelita comenzó a desplazarse desde Alto Monte hacia San José de Parinari atraída por nuevas tierras disponibles en la cuenca del Yavarí.
“Nos falta mano de obra en Alto Monte, por eso se ve así triste, con poca gente. Ya hay hermanos que no vienen acá a las ceremonias ni colaboran. A Parinari se han ido mudando porque ya no se puede trabajar bien aquí; hay mejores tierras en el Yavarí y ahí se produce mejor”, contó un integrante del movimiento religioso que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.
Nos contactamos con la AEMINPU para solicitar sus descargos en el marco de este artículo; sin embargo, pese a comprometerse a coordinar una entrevista, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Las alertas ya cruzaron la frontera. Desde Brasil, la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Yavarí (UNIVAJA por sus siglas en portugués) sostiene que la presión territorial sobre el margen peruano estaría empujando a grupos indígenas aislados hacia territorio brasileño y exponiendo a jóvenes indígenas a redes vinculadas al narcotráfico.
“Los jóvenes están siendo llamados para trabajar en la región peruana, conocida por el narcotráfico. Algunos indígenas ya presentaron denuncias y la Policía Federal recogió información para investigar mejor la situación”, señaló Orlando Pozuelo, integrante del equipo técnico de UNIVAJA.
Los nuevos caminos
El crecimiento de los cultivos de coca acompaña este proceso. Informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) muestran que las áreas de cultivo de coca destinados al narcotráfico en el distrito de Yavarí pasaron de 284 a 1.293 hectáreas en menos de una década.
El crecimiento de los cultivos de coca acompaña este proceso. Informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) muestran que las áreas de cultivo de coca destinados al narcotráfico en el distrito de Yavarí pasaron de 284 a 1.293 hectáreas en menos de una década.
En medio de este escenario, la carretera LO-105 —proyectada para unir Jenaro Herrera con Colonia Angamos— aparece como otro factor de presión sobre la frontera. La vía, cuestionada judicialmente por organizaciones ambientales y defensores indígenas, coincide además con petitorios mineros próximos a la cuenca del Yavarí, según registros del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) revisados para este artículo.
Las advertencias sobre el impacto de la carretera no son nuevas. En un informe de la adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo se cita un oficio del Ministerio de Cultura donde se advierte que el trazo vial atravesaría el radio de desplazamiento asociado a evidencias de pueblos indígenas aislados reconocidos dentro de la solicitud de Reserva Yavarí Mirim.
“De igual manera, estas actividades ilegales podrían poner en peligro la salud y vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento matsés, matis, korubo o kulina pano y flecheiro que han sido reconocidos por el Estado peruano en al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim58, considerando su alto nivel de vulnerabilidad frente a las enfermedades infectocontagiosa y transmisibles que pondrían en riesgo su existencia, ya sea por el contacto directo o indirecto con personas ajenas a sus pueblos”, se precisa en el documento.
Para Miguel Macedo, antropólogo del Instituto del Bien Común (IBC), la situación actual refleja años de abandono institucional.“Más allá de que el Estado no tenga el dinero o la capacidad para abarcar la protección total de estas zonas, los lugares donde se presume la existencia de PIACI deberían ser protegidos”, sostuvo.
La Reserva Yavarí Mirim continúa paralizada. Y mientras los expedientes siguen detenidos en Lima, el bosque empieza a reorganizarse alrededor de nuevos caminos, chacras y asentamientos que avanzan sobre una de las últimas fronteras habitadas por pueblos indígenas aislados en la Amazonía peruana.
