En Puerto Maldonado, la ciudad capital de Madre de Dios, el calor no da respiro. Las calles arden y la humedad sofoca. Pero en el despacho del gobernador regional -la máxima autoridad a escala local de este territorio- Luis Otsuka Salazar, el ambiente es otro: el aire acondicionado baja la temperatura, los sillones de cuerina blanca relucen, y en las manos del funcionario brilla un imponente anillo de oro que la ley le prohíbe explotar en ríos y quebradas. La escena condensa la contradicción de este departamento: un funcionario público enriquecido por el mismo negocio que debería, por lo menos, fiscalizar.
Otsuka no oculta su doble condición. Es gobernador y minero. “Desde los 10 añitos empecé a trabajar el oro”, recuerda. Lo que omite es que la minería aluvial sobre cuerpos de agua —la única posible en Madre de Dios— está prohibida. Su defensa del negocio es abierta y su argumento revela algo más profundo: cuando quienes deben aplicar la ley forman parte del negocio, la fiscalización muere en el papel.
Los crímenes ambientales en la Amazonía peruana están estrechamente relacionados con la corrupción, que permea en autoridades de todos los niveles. El músculo financiero, extendido por los ingresos del narcotráfico y dotado de fuerza por la extracción ilegal de oro, compra todo tipo de complicidades: hace que los funcionarios encargados de supervisar las salvaguardas ambientales hagan la vista gorda, que los reguladores proporcionen documentación que legaliza productos de origen ilícito, y que los políticos electos compren los votos necesarios para mantenerse en el poder.
De las 250 autoridades electas a escala local, tomando en cuenta a los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales de las 5 regiones que conforman la Amazonía peruana: Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Loreto y Ucayali, se identificó que 200 tienen o tuvieron investigaciones fiscales en el Ministerio Público. Un número total de 2933 delitos que se acumulan en 1993 procesos.
Del total de delitos que fueron procesados por el Ministerio Público, el 58,54% corresponde a delitos contra la administración pública, seguido por crímenes contra el patrimonio, contra la fe pública, delitos ambientales, contra la libertad, lavado de activos, entre otros.
Números alarmantes que dejan en claro que la disputa por los recursos de la Amazonía peruana incluye también a personas en cargos de elección popular. Por ello, desde Al Margen hemos levantado una base de datos de libre acceso y desarrollado una herramienta de búsqueda que muestra las denuncias hechas a estos funcionarios y datos relevantes al respecto: cantidad de demandas, números de caso y estado actual de las acusaciones.
Amazonas es la región donde se registra el mayor número de investigaciones a autoridades electas a escala local con 832 delitos en investigación. Seguida por San Martín con 702, Loreto con 574, Ucayali con 465 y Madre de Dios con 360.
Esta última es una región selvática rica en oro limítrofe con Brasil, abierta a tajo por la Carretera Interoceánica. Esta zona ejemplifica cómo la corrupción no solo permite los crímenes ambientales, sino que también facilita que grupos criminales internacionales violentos establezcan sus operaciones y dicten la vida cotidiana.
Un reflejo de la Amazonía
Madre de Dios, la capital de la biodiversidad del Perú, un departamento amazónico de 85.301 kilómetros cuadrados, es el espejo de un patrón mayor en la Amazonía peruana: autoridades electas que transforman su rol de vigilantes del interés público en un trampolín para defender negocios privados. Con ello, allanan el camino para la comisión de delitos ambientales a gran escala.
Quien habla es Luis Otsuka, gobernador regional de Madre de Dios y minero desde la infancia. El caso de Otsuka no es aislado. Madre de Dios se compone de tres provincias: Tambopata, Tahuamanu y Manu, que subdividen su territorio en un total de 11 distritos. De las 12 autoridades que gobiernan este departamento, al menos siete (un 60%) tienen vínculos con la minería. Seis de ellos figuran bajo su propio nombre o el de familiares directos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón que tenía carácter temporal para evitar la criminalización de mineros que quisieran formalizarse, y cuatro tienen o tuvieron títulos mineros otorgados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), un instrumento de gestión básico para encaminarse en la minería formal.
Aunque muchos de los trabajadores en las minas aluviales encajan con la postal del minero cubierto de barro y ropa rota, no son ellos quienes se quedan con las mayores ganancias del negocio. En esta región de la amazonía peruana, los mineros también visten camisas planchadas y zapatos limpios, son autoridades elegidas por voto popular, ocupan alcaldías y despachos oficiales y tienen vínculos directos e indirectos en la actividad aurífera de sus jurisdicciones. Aquí no se habla de ilegalidad o informalidad; se usa un lenguaje calculado, con argumentos estructurados, para defender la minería “en aras del progreso y el desarrollo”.
Entre los nombres más visibles figura el antes mencionado gobernador regional, Luis Otsuka; Luis Bocángel, alcalde provincial de Tambopata; Juan Tovar, alcalde distrital de Inambari; Julio Luna, alcalde distrital de Laberinto; Cirilo Espinal, alcalde provincial del Manu; Jerónimo Ccotohuanca, alcalde distrital de Madre de Dios; y Anselmo Quispe, alcalde distrital de Huepetuhe.
En muchos casos, no se trata solo de proyectos individuales, sino de empresas familiares que gestionan permisos y concesiones como un patrimonio privado. Padres, hermanos, hijos, tíos y sobrinos participan en la administración de estos derechos mineros. Así, el poder político y los intereses auríferos se funden en un mismo engranaje. Para ellos, el mítico Paititi y la ciudad de oro dejaron de ser leyenda.
La magnitud del negocio es enorme. En 2023, Madre de Dios exportó US$ 196 millones en bienes, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), de los cuales más del 70% fue oro con destino a India, Emiratos Árabes y la Unión Europea.
De todas las exportaciones de oro realizadas entre el 2020 y el 2024 (US$ 555 millones), más del 60% fueron exportados por tan solo dos empresas: E&M Company (US$ 192 millones) y GoldMax’D Oro (US$ 154 millones). Oro comprado, igualmente, por solo unas pocas empresas entre las que destacan: Kundan Refinery Private Limited On The A/C Esteem International, Omgl Refinery Limited Liability, Esteem International Trading Fze Co Transguard Emirates y Arbit Commodities Dmcc. Estas importadoras prometen a sus clientes un producto de alta pureza, lo refinan, transforman en barras, monedas, joyas y hasta enmarcados de oro.
Este departamento registra uno de los indicadores de pobreza monetaria más bajos del Perú, con solo un 7,7% de su población en esa condición. Pero la cifra es engañosa. La pobreza multidimensional alcanza el 43,7%: hay dinero, pero faltan servicios básicos, salud y educación digna. Basta con pisar el departamento para evidenciar centros de salud en estado calamitoso, escuelas con los techos de sus aulas desprendidos o niñas que no tienen la oportunidad de imaginar un proyecto de vida porque son víctimas de trata de personas en los campamentos mineros.
La corrupción agrava el panorama. En Madre de Dios, el 70 % de las autoridades, incluido Otsuka, tienen investigaciones por delitos como peculado, abuso de poder o ausencia en el cargo. El 50 % enfrenta procesos por delitos ambientales. Otsuka y Bocangel tienen causas pendientes por minería ilegal y lavado de activos.
En la provincia del Manu, el panorama se ensombrece aún más. La alcaldesa del distrito de Fitzcarrald, Mariza Soto Chaiña, arrastra un proceso por delitos ambientales y, entre 2003 y 2024, acumuló al menos nueve investigaciones por tráfico ilícito de drogas. Para la publicación de este artículo quisimos contactarnos con Soto Chaiña, pero no obtuvimos respuesta alguna de su parte.
Mientras tanto, los cultivos de coca en Madre de Dios se dispararon: de 36 hectáreas en 2018 a 1.476 en 2024. Más de la mitad —el 51 %— crece en el Manu. Son 756 hectáreas repletas de arbustos de hoja de coca. En medio de este escenario, el alcalde de Huepetuhe, Ancelmo Quispe, exhibe con orgullo su obra más emblemática: el Estadio Municipal de Huepetuhe. Cuenta que fueron los mineros informales quienes aportaron maquinaria y mano de obra para habilitar el terreno donde posteriormente se construyó. Una alianza tácita entre poder local y economía ilegal.
La onomatopeya de La Pampa
Otsuka Salazar perdió a su padre cuando aún era un niño y su casa después de una gran inundación. Junto a su madre y hermanos, cuenta el gobernante, se desplazó a una zona alta para empezar de nuevo a punta de hacha y machete. Esa desgracia, según su relato, cambió su rumbo y el de su familia. “La inundación había sembrado gran cantidad de oro (en las riberas) y a mi madre le dieron dos metritos de ancho en una playita para trabajar. Así comencé en el oro, con pala y carretilla”, recuerda acongojado. Hoy, ha pasado de la pobreza extrema a declarar rentas por más de un millón y medio de soles anuales, alrededor de US$ 500 mil.
Otsuka no esconde su historia, tampoco su posición actual sobre el tema, al contrario, reniega de las normas que prohíben la minería aurífera sobre cuerpos de agua. “¿El Perú de qué cree usted que vive? Vive de la minería”, dice elevando la voz. “Pero hay una norma, el Decreto Legislativo 1100, que prohíbe hacer minería en ríos, quebradas, cochas, aguajales… Entonces, ¿dónde van a hacer minería?”, reclama.
La contradicción salta a la vista: las mismas leyes que los obligan a proteger el medioambiente —la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General del Ambiente— colisionan con sus intereses privados.
Bordean los 30 grados de temperatura y en Puerto Maldonado, la ciudad capital de Madre de Dios, las calles arden como brasas y no se ve un alma. Al caer la noche la situación cambia. Abren los restaurantes, los comercios despiertan y vibraciones al ritmo de cumbias y huaynos retumban en las discotecas: la cantante de música andina Yarita Lizeth es la artista de moda.
Pero a solo una hora de la ciudad, desde el kilómetro 98 hasta el 115 de la Carretera Interoceánica Sur que conecta a Perú con Brasil, estos sonidos se transforman en una onomatopeya insoportable: taca-taca-taca-taca-taca… Es el anuncio de que estás en La Pampa, un asentamiento de unos 40 mil habitantes que parece un gran campamento de guerra. Al lado que mires, detrás de construcciones de material noble o módulos de rafia, hay extensos territorios de bosque deforestado y tierras removidas.
Las trincheras son los pozos donde se hunden los trabajadores que operan las dragas, como un joven a quien por razones de seguridad llamaremos Lorenzo*. Llegó desde Ica a los 16 años para trabajar como operador de maquinaria pesada en una mina informal. Cuenta que trabajaba turnos de 12 horas al día sin descansos por 1500 soles mensuales (415 USD) en Huepetuhe, uno de los puntos activos más importantes de la única Zona de Uso Minero (ZUM) aluvial autorizada en el Perú gracias al Decreto de Urgencia 012-2010, que declaró de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios.
“Aquí no se conoce el descanso, uno viene a hacer su platita para poder progresar, tengo que pagar préstamos que saqué del banco para ayudar a mi familia. Por eso me vine cuando me ofrecieron. Ya después llegué a La Pampa porque aquí gano diario, por lo que saco en mi jornada, no es fijo como en el otro lado”, detalla Lorenzo* mientras descansa sentado sobre un tubo sucio como asiento. “Para quienes dicen que acá es plata fácil, deben venir, a ver si aguantan”, añade.
No obstante, la minería ilegal no solo devora la selva: también alimenta un sistema de violencia que parece no tener fin. El control de los campamentos está en manos de organizaciones criminales que imponen sus propias reglas. El Comando Vermelho (CV), banda brasileña de alcance transnacional, se ha extendido hasta este rincón de la Amazonía. A su sombra actúan Los Guardianes de la Trocha (LGdT), grupo que la Policía Nacional del Perú (PNP) perfila como paramilitar, nacida en los campamentos mineros de la región y hoy con brazos armados en otras regiones como Amazonas, Loreto y Ucayali.
Un médico local, que pide anonimato por seguridad, dibuja esta escena sin rodeos: “Muchos de los heridos llegan con un disparo en la palma de la mano”. ‘Los seguridades’ —dice refiriéndose al CV y a LGdT— castigan así a quienes acusan de robo. Las balas no suelen quedar registradas más allá del parte médico. La policía, aunque recibe el reporte, rara vez llega.
Al respecto, fuentes policiales confirman de manera extraoficial que sus unidades tienen poco margen para actuar porque los territorios están repartidos entre actores criminales externos y no tienen los recursos necesarios para enfrentarlos.
En La Pampa, epicentro de la minería ilegal, Lorenzo* tiene otra versión. Él conoce de memoria las tarifas que sostienen la maquinaria de oro. Por cada draga instalada, explica, se pagan dos cuotas. La primera, de 500 soles mensuales, a ‘los seguridades’, un sistema de control territorial impuesto por el CV y LGdT. La segunda, la más alta, a la Policía Ambiental: mil soles semanales para que no destruyan motores ni maquinaria. Según testimonios este arreglo se mantuvo hasta el 3 de agosto de 2025, cuando una disposición policial removió a la Policía Ambiental de todas sus bases en Madre de Dios con el fin de replantear las operaciones contra delitos ambientales. Hasta el cierre de esta edición, el organismo no contestó ninguna de nuestras preguntas al respecto.
Semanas después, entre el 20 y 25 de agosto, se realizó un operativo conjunto, donde participó la Fiscalía de Medio Ambiente (FEMA), la PNP y el Ejército. En esta intervención, según información oficial, fueron destruidos siete motores, ocho balsas, tres motocargueros, cuatro motos lineales y diverso material utilizado por organizaciones criminales para fines ilegales. Solicitamos una entrevista formal de parte de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero al cierre de esta edición aún no recibimos respuesta.
Mientras la extorsión y la violencia marcan el pulso cotidiano en Madre de Dios, las autoridades locales afinan su agenda con un objetivo distinto: cambiar la ley para permitir la minería aluvial en cuerpos de agua. El alcalde provincial del Manu, Cirilo Espinal, lo dice sin titubear: “Si hacen minería en otros países, ¿por qué acá nos van a prohibir? Si el corredor está trazado y nadie se sale de ahí… el gobierno debería apoyar cuanto antes”.
Para Germán Fernández Hanco, defensor ambiental reconocido por el mecanismo de protección del Ministerio de Justicia (Minjus), la disputa no es solo legal. Se trata de la pérdida de su mundo. “Teníamos vacas, leche, queso, gallinas… todo verde. Una quebrada clarita donde pescábamos, aprendimos a nadar. Era hermoso”, recuerda.
El 20 de marzo de 2022, Germán perdió a su hermano, asesinado mientras intentaba frenar a mineros ilegales que invadían su territorio. Sus padres llegaron en los años 70 desde Sicuani, Cusco, y fueron una de las familias fundadoras de Nuevo Arequipa, un centro poblado de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Él lo cuenta con orgullo, aunque cargando con el peso de lo irrecuperable.
La Carretera Interoceánica Sur, inaugurada en 2010, selló el cambio. La vía, que une Perú y Brasil, trajo un flujo constante de mineros ilegales y comerciantes. Los campos verdes de su infancia fueron sustituidos por pozos, desmontes y franjas deforestadas. “Vivíamos de forma precaria, pero éramos felices. Cuando empezó la obra, comenzaron también los robos. Nos quitaban los ejes del carro, los animales. Todo cambió”, relata Germán.
Ese cambio fue más que un ajuste de costumbres. Abrió paso a un paisaje roto, donde el rugido de motores, el mercurio y la amenaza armada reemplazaron el canto de las aves y el brillo limpio de los ríos.
En la minería aurífera, el oro se obtiene dragando el lecho fluvial para arrancar los sedimentos que lo contienen. El método puede ser artesanal o mecanizado, aunque hoy predomina el segundo, sobre todo entre quienes operan fuera de la ley. Luego, el material se traslada a zonas de procesamiento, donde se separa el oro y se realiza la amalgamación con mercurio, el único metal pesado líquido a temperatura ambiente. En Perú, su uso está regulado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En Madre de Dios, sin embargo, basta con entrar a una ferretería para comprarlo. Unos 100 gramos, lo que aproximadamente cabe en una tapa de gaseosa, puede costar entre 300 y 350 soles (84 a 97 US$).
Tras el proceso a altas temperaturas, el oro queda libre de impurezas y se convierte en una pieza del metal más codiciado del planeta. La minería intensiva acelera en meses procesos que la naturaleza demora siglos en completar. Alcanzar ese brillo tiene un costo letal.
Entre 2018 y 2022, Julissa Estrada, coordinadora de proyectos del Centro de Investigación y Tecnología del Agua (UTEC), encabezó un estudio para medir el impacto de la minería aurífera en los ríos amazónicos, con especial foco en Madre de Dios. Las imágenes satelitales y el análisis hidrogeomorfológico marcaron un punto de quiebre. Entre 1984 y 1995, el impacto fue bajo. A partir de 2008, y sobre todo entre 2010 y 2020, la deforestación se disparó.
Zonas como Huepetuhe o Caichigüe dejaron de ser ríos serpenteantes y vivos para convertirse en parches de agua atrapados entre pozas e islas. “En muchos casos ya no podíamos medir parámetros, porque el río había perdido su forma natural”, cuenta Estrada. El desplazamiento lateral, la erosión y la alteración del cauce avanzan a una velocidad inédita.
El mercurio, presente de manera natural en los suelos amazónicos, se libera masivamente cuando se remueve el lecho y las riberas. La mayor concentración viaja con los sedimentos finos —arcillas y limos— que enturbian el agua. Aunque los mineros artesanales suelen recuperar el mercurio que usan por su costo, la remoción masiva de tierras libera el que estaba atrapado en el suelo durante siglos.
Ese metal se integra al ciclo del río, se adhiere a los peces y se instala en la cadena alimentaria. “No es solo lo que usan, es lo que liberan al remover el suelo. Y en épocas de lluvia intensa, todo ese sedimento contaminado se lava hacia el río”, precisa Estrada.
El estudio de la UTEC halló una brecha grave. Las regulaciones ambientales miden la calidad del agua y del suelo, pero ignoran la fracción sólida que viaja con el río. En esos sedimentos finos se concentra la mayor carga de mercurio, y su exclusión de las mediciones oficiales oculta la magnitud del daño. Estrada recomienda incluir este parámetro para conocer el alcance real de la contaminación.
En temporadas de lluvias, el río puede subir hasta tres metros en un día y arrastrar toneladas de sedimentos con metales pesados. Un tránsito que en condiciones naturales tardaría siglos ocurre ahora en semanas.
En 2020, el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) presentó un estudio inquietante. En tres comunidades indígenas Matsigenka del Parque Nacional del Manu, las concentraciones de mercurio y metilmercurio en cabello —medidas entre 2014 y 2018— superaban los valores de referencia de la OMS. Los peces carnívoros y carroñeros analizados también excedían los niveles permitidos, sobre todo en su etapa adulta.
El vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Eusebio Ríos Ibiche, advierte que la minería no solo devora el bosque. También les impide consumir agua y peces sin riesgo. “Las comunidades están afectadas por las invasiones, por la Carretera Interoceánica que permite acceso directo a nuestros territorios. No hay control”, denuncia. Añade que los invasores llegan de distintas partes del país y del extranjero. “No hemos podido identificarlos, no es nuestra labor, pero las autoridades deberían hacerlo”, dice.
Lejos de ser una excepción, Madre de Dios es la radiografía de cómo los intereses económicos y personales de los gobernantes abren la puerta a delitos ambientales en toda la Amazonía. Lo que aquí se expresa en oro ilegal, mercurio en los ríos y bandas armadas, se repite con otras economías ilícitas en Loreto, Ucayali o Amazonas. La fórmula es la misma: autoridades que se vuelven socias de negocios ilegales, fiscalizadores que omiten su deber y comunidades que cargan con la violencia y la contaminación. El resultado es un ciclo perverso donde el oro, la madera o la coca se transforman en riqueza afuera, mientras la selva queda devastada y los pueblos amazónicos pierden su futuro. En esta ecuación, la Amazonía siempre pierde, y la corrupción se convierte en el verdadero poder que dicta el destino de la región.
Investigación
Redacción: Pamela Huerta.
Análisis de datos: José Luis Huacles y Pamela Huerta.
