Selva adentro, en el norte del departamento de Pando, Bolivia, la vegetación parece tragarse la ruta. El paisaje se vuelve más denso y menos vigilado. En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con el Perú.
Por este camino, los vehículos escasean. Solo las motocicletas cruzan el monte con frecuencia, muchas cargadas hasta con cuatro miembros de una familia, incluidos niños. Por el mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes. No vienen por turismo ni por parentesco. Son traficantes de madera.
«Sí, hemos vendido madera a peruanos», admite un miembro de la comunidad rural campesina, usualmente llamados comunarios, que prefiere no revelar su nombre. Lo hace sin orgullo ni temor, como quien comenta algo cotidiano. «En triple», explica. Cuando le preguntamos si entra hasta la comunidad, la respuesta llega sin vacilación: «Entra hasta donde sea. Rompe el monte».
Los triples son grandes camiones con tres pares de ruedas parecidas a las de un tractor. Su carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador, e ingresados a Perú desarmados como chatarras. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar y son usados para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada.
Una vez hecho el trato con el comunario, los triples ingresan atropellando la selva con su doble tracción, resistiendo el barro y trepando pendientes. En ellos van los responsables de cortar y cargar la madera: taladores y estibadores. Llevan motosierras, combustible, y los llamados «castillos», una herramienta de metal que une a dos motosierras para que puedan cortar al mismo tiempo, aserraderos móviles que pueden transformar un tronco de 40 metros en tablones en cuestión de horas. Operan de noche, en grupos pequeños, eficaces. Entran, cortan, acumulan la madera en lugares conocidos como «rodeos» y finalmente, los estibadores la cargan a los triples para regresar a Perú.
Las especies codiciadas son: mara, cumarú, cedro, roble, y almendrillo. Paradójicamente, las últimas tres tienen prohibición de extracción y están bajo la convención CITES
La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es un acuerdo concertado entre gobiernos que tiene por finalidad velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. Pero en el monte no hay etiquetas ni certificados. Solo árboles y hombres con prisa.
Algunos cruzan incluso los límites de la Reserva Manuripi, donde la extracción maderera comercial está completamente prohibida. Aun así, los campamentos se montan. Los motores rugen. Los árboles caen. La ley es apenas un murmullo.
Desde 2005, los guardaparques han realizado operativos para desalojar campamentos y quemar triples incautados. El último se registró en 2023, según un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Nos pide reservar su nombre. Los traficantes han puesto un precio sobre su cabeza.
Lo que se arriesgan a hacer no es menor. Transportar madera ilegal por rutas bolivianas debería implicar el cruce de al menos algún punto de control. Pero en toda la carretera recorrida por nuestro equipo periodístico, solo se encontraron dos controles policiales. El más cercano a las comunidades, en Empresiña, es apenas una cabaña de madera con una cuerda colgante que se alza para dar paso.
No hay puntos de control forestal. No existen oficinas de aduana. Y cuando no hay papeles que acrediten el origen de la madera, los billetes hacen el trabajo
Con sobornos, los oficiales miran a otro lado. Todo tiene lugar en un paisaje que parece diseñado para el contrabando, donde los árboles valen más muertos que vivos.
Los papeles que blanquean la madera ilegal
El recorrido nos llevó por caminos fronterizos entre los dos países, trayectos que en ocasiones eran la vastedad del agua y que en otras eran apenas cicatrices de tierra seca entre la espesura de la selva. De esos pasajes invisibles en los mapas satelitales, pero bien conocidos por los contrabandistas, emergimos hasta rutas de asfalto que atraviesan las poblaciones peruanas de Iberia, Alerta y Mavila. Fue en las veredas y calles polvorientas de estas localidades que observamos los denominados triples. El polvo rojizo salpicado en sus neumáticos delata las sendas por las que se trasladan.
Después de viajar en triple, la madera es cargada a un camión semitrailer y se moviliza con la obtención de una Guía de Transporte Forestal (GTF) falsificada. Cuando es legal, esta guía se trata de un documento oficial emitido por el Estado peruano, que «ampara la movilización de productos y subproductos forestales maderables».
Pero nada en este negocio ilícito es gratuito. Obtener una de estas guías, esa hoja que abre las barreras al contrabando, no es un trabajo sencillo ni barato. Hasta ahora, dos grandes entramados han sido develados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Madre de Dios, departamento que comparte una línea fronteriza de aproximadamente 120 kilómetros con Bolivia.
El primero, en 2020, se denominó «Los Hostiles de la Amazonía». Una red de extracción, acopio y transporte de madera con ayuda interna, cuya organización se divide en tres grupos: los comercializadores, que se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y otros; los tramitadores o blanqueadores, quienes consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios; y los funcionarios, que a cambio de dinero no registran la documentación ni verifican el volumen o especie de la madera transportada, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales.
La investigación de este caso se abrió en distintas fases y en más de cuatro oportunidades, e incluye a altos funcionarios de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios.
Cuatro años después, fue intervenido otro caso: «Los Villanos del Tahuamanu». Según el expediente de investigación en curso, esta organización delictiva había perfeccionado el mecanismo implementado por Los Hostiles de la Amazonía, incorporando documentos de gestión forestal convertidos en pasaportes para la impunidad. Guías de transporte, listados de trozas, hojas de cubicación, guías de remisión remitente, facturas, entre otros.
La organización criminal estaría conformada de la siguiente manera: un grupo central, responsable de adquirir, acopiar, transformar, producto forestal maderable de procedencia ilícita que también se encarga de captar a los intermediarios, personas de escasos recursos económicos, cuyas identidades son utilizadas en las guías de transporte forestal donde aparecen como presuntos compradores y/o vendedores para evadir el pago de impuestos que debían asumir los compradores de madera; los facilitadores, personas titulares de concesiones autorizadas para extraer productos forestales maderables, quienes proporcionan documentos públicos a los cabecillas de la banda; los funcionarios públicos, cuya función es la misma que con Los Hostiles de la Amazonía, y los compradores finales reales de la madera extraída ilegalmente.
Existe un grupo que vagamente se menciona en el expediente, el grupo encargado de cortar la madera de Bolivia y trasladarla a Perú. Según las descripciones, estas personas pueden ser financiadas previamente por los líderes de la organización criminal para ingresar a sacar la madera de los bosques bolivianos, o pueden dedicarse a la actividad por su cuenta y venderla al grupo central. Son personas que viven en Alegría, Mavila, Alerta y San Lorenzo.
Ambos grupos operaban en Madre de Dios con la complicidad de funcionarios públicos que debían custodiar el bosque, pero terminaron «blanqueando» troncos ilegalmente talados que, gracias a documentos falsificados, se volvieron madera legal que fue vendida y etiquetada con firma y sello.
Según la carpeta de investigación a la que tuvimos acceso, así es como lo hacen: compran las guías de concesiones legítimas, de aquellas que aún tienen volumen autorizado de aprovechamiento. Luego, con la complicidad de técnicos forestales, rellenan cada dato como si estuvieran describiendo árboles reales. Nombre científico, cantidad, volumen, punto de origen.
Todo supuestamente en regla, sobre el papel. Pero la madera que cargan los triples no proviene de esos bosques autorizados. Proviene de más adentro, de zonas donde la selva aún no sabe que ha sido vendida.
Los viajes de la madera
La carpeta de investigación de Los Villanos del Tahuamanu revela también que parte de la madera boliviana, generalmente de las especies corrientes (capinuri, tornillo, cachimbo, bolaina, copaiba, algarrobo, capirona, ana caspi, lupuna, cumala, mashonaste, manchinga, ishpingo) llega a los mercados peruanos en Cusco, Puno y Amancay. Pero las especies de mayor valor, como la mara, cedro, roble, esas no conocen fronteras, viajando en contenedores hacia destinos tan remotos como China, Estados Unidos, Vietnam, Francia, República Dominicana, Dinamarca, Bélgica y Nueva Zelanda.
Algunas de las empresas que aparecen en ese expediente por comprar madera de procedencia ilegal y exportarla son:
Cumarú Maderas SAC, para su vinculación en la investigación se detallan exportaciones en 2022, pero en 2024 exportó a China, Francia, República Checa; Arbe Lumber SAC, aunque esta empresa fue dada de baja de forma automática por la SUNAT por falta de actividad o incumplimiento de obligaciones tributarias, hay rastros de exportación durante los años 2020 y 2021 que en su totalidad alcanzan hasta los USD 1,7 millones. Mafer Export Lumber SAC, también de baja por la SUNAT, tiene rastros de exportación que revelan un total de 6 cargamentos enviados a China, Estados Unidos y República Dominicana. Finalmente, la empresa Mikarh sociedad anónima cerrada muestra rastros de exportación a Francia, China y Vietnam que superan los USD 4,4 millones. Esta empresa fue multada por comprar productos forestales de origen ilegal.
Amazon Underworld ha intentado contactar a los representantes legales de Cumarú Maderas SAC, Arbe Lumber SAC y Mafer Export Lumber SAC, pero no ha recibido respuesta.
Con respecto a los destinatarios finales de la madera, estos generalmente no se imputan en las investigaciones debido al uso de la figura de «compradores de buena fe». Bajo este principio las empresas argumentan que al adquirir la madera y verificar que cuenta con la documentación que acredita su origen legal, confían en el vendedor, aunque una investigación encubierta de Global Witness reveló que en realidad sí lo saben o sospechan que es madera extraída ilegalmente.
De acuerdo a la página de la Plataforma Forestal del Perú, entre enero y agosto de 2024, los envíos madereros sumaron casi USD 55 millones. Más de la mitad fue madera fina aserrada.
Estas maderas finas, apetecidas por su color, dureza y brillo son las distintas especies de cedro (Cedrela spp.), el ahora cada vez más buscado shihuahuaco (Dipteryx micrantha) o una de sus cuatro especies conocida en Bolivia como cumarú o almendrillo – están incluidas en el Apéndice II de la CITES. En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentra la Cedrela odorata, una de las más comercializadas, clasificada como «Vulnerable» y el shihuahuaco en «Peligro crítico», la categoría más grave de amenaza.
El auditor forestal Ricardo Estrada lo sabe. «Después de la caoba (mara), que ya casi no existe, estas especies son las más buscadas», dice. «Lo que me pregunto es: ¿cómo hacen para blanquear los permisos CITES? Son papeles difíciles de conseguir. Requieren inspección, firma, fotografía. Y, aun así, salen».
Los documentos de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, apuntan en similar dirección. Desde 2005, recopiló información de los «Planes de Manejo Forestal (PMF) aprobados con información falsa o inexistente de árboles por las autoridades forestales». Los datos disponibles en la página Maderalegal.pe, revelan varios casos de árboles que nunca existieron, volúmenes inflados, áreas declaradas productivas donde no hay más que tierra desnuda. Una concesión forestal, incluso, aparece registrada como operación minera.
Confrontando traficantes
Sentada a la sombra de un árbol, en un barrio periférico de Puerto Maldonado, Usmilda Rosambite sostiene con ambas manos una pila de papeles y diarios. Son el testimonio de una condena que nunca llegó, de una impunidad que se ha convertido en la sombra que acecha estos rincones de la Amazonía Peruana. Las pruebas que guarda relatan cómo traficantes de madera acabaron a tiros con la vida de su esposo, el Teniente Gobernador Julio García Agapito, el 26 de febrero de 2008.
El relato del crimen yace en los papeles, pero Usmilda no los mira. La historia, como un eco repetido en su memoria, la ha contado ya cientos de veces, buscando justicia para su esposo y reparación para su familia. Solo en raras ocasiones, observa esos fragmentos de papel, revisando cifras.
Nos cuenta que hacen la intervención del cargamento de madera, que llaman al Teniente Gobernador para dar mayor legalidad y mientras están elaborando el acta de incautación llega el dueño de esa madera, pero no acredita con ningún documento, ningún permiso.
“Irrumpe en la oficina, amenaza a los técnicos forestales y termina matando a mi esposo. Ha hecho 11 disparos, 8 impactaron en el cuerpo de mi esposo… Y lo mataron”.
— Usmilda Rosambite.
En Alerta, esa pequeña localidad atravesada por la sinuosa carretera Interoceánica donde tuvieron lugar los hechos, el crimen no estremeció a todos. Algunas voces celebraban el asesinato de la autoridad, que había declarado una guerra frontal contra el contrabando de madera. «Bien hecho que lo han matado, no dejaba trabajar», decían algunos sin sombra de duda. «Pero ¿cómo trabajaban? Ilegalmente. De eso no se da cuenta la gente», se cuestiona Usmilda con la mirada fija en la tierra y la voz temblorosa.
En aquel operativo se incautaron 1.331 pies tablares de caoba o mara (Swietenia macrophylla) procedente de Bolivia, una especie protegida desde 2002 por el Apéndice II de la Convención CITES.
Han pasado 17 años, y según Usmilda, en la región nada ha cambiado realmente. El contrabando de madera continúa, alimentado por grupos criminales que siguen operando entre las sombras de la selva amazónica, invisibles pero presentes en esta zona fronteriza entre Bolivia y Perú, que parece estancada en el mismo ciclo de aquella fatídica historia inicial.
Otros tiempos, misma impunidad
Entre 2020 y 2025, al menos seis operativos realizados en territorio boliviano, con participación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el ejército y guardaparques de la Reserva Manuripi, mostraron signos claros: madera que cruzaba la frontera. Sin embargo, la Fiscalía Departamental de Pando solo llevó adelante la imputación formal de un solo caso. Fue en 2021. Cuatro peruanos fueron sorprendidos talando árboles de Palo María —troncas de 14, 15 y hasta 17 metros— dentro del área protegida. Solo dos recibieron condena: dos años de prisión. Salieron libres en 2022. Desde entonces, no se ha vuelto a procesar a nadie por estos delitos.
En el lado peruano, un operativo en 2022 de la Sub Gerencia de Control, Supervisión y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, dejó una impresión duradera. En Shiringayoc, muy cerca de la frontera con Bolivia, se encontró un cargamento monumental: 60 mil pies tablares, más de la mitad de cedro protegido por la CITES, una cantidad equivalente a 5000 metros cuadrados de piso. «Era una variedad que ya no existe en Perú», relató uno de los funcionarios que participó en el decomiso.
Por motivos de seguridad, prefirió el anonimato. «Era imperativo terminar antes del anochecer en esa zona roja, conocida no solo por el tráfico de madera, sino también por el movimiento de drogas», añadió la fuente.
En febrero de 2025, el conflicto tomó forma de persecución. Una denuncia anónima condujo a las autoridades bolivianas a la comunidad de Alta Gracia, municipio de Filadelfia, a orillas del Manuripi. Allí, un campamento peruano había montado operaciones con un camión triple ya cargado con tablones de cedro y roble. Al ser descubiertos, los traficantes huyeron. Androcles Puerta, director de la ABT en Pando, lideró el operativo junto a dos soldados y otros funcionarios. La advertencia a la comunidad fue clara: de no entregar el camión triple, se convertirían en cómplices, nos explicó Puerta.
El trayecto del camión decomisado hasta Cobija fue una odisea. En la comunidad Espíritu, los traficantes, acompañados de dos sicarios armados de su mismo grupo, bloquearon el camino junto a una veintena de personas.
“La única opción para evitar una tragedia fue gritar que el camión no tenía frenos. En Soberanía intentaron un nuevo ataque, los sicarios se ocultaron en el monte. Un niño nos advirtió con una señal que íbamos a morir”.
— Androcles Puerta.
Y en el puesto de control de Empresiña, «fue la propia policía boliviana la que quiso detener al equipo por no portar credenciales visibles», Puerta lo interpretó como encubrimiento, nos cuenta, sospecha que los peruanos habían pasado sin ser registrados.
La presión no cesó. Los traficantes insistieron en su intento de recuperar el triple. «Les tuve que decir que era mejor que se replieguen, porque la noticia del operativo con balazos incluidos ya había llegado al Alto Mando Militar y que estaban llegando grupos de élite a todas las fronteras», indicó Puerta. Solo así lograron poner fin a la persecución.
«No es posible que en las comunidades la gente actúe como cómplice de los extranjeros, que la policía en vez de colaborar con las instituciones coopere con la ilegalidad», dijo. Para él, el respaldo militar es crucial, pero insuficiente para resguardar toda la frontera. «Nosotros no podemos portar armas y nuestro trabajo es arriesgado», finalizó.
Tres meses después, el 14 de mayo de 2025, un nuevo operativo en Bolpebra, a pocos metros de la frontera con Perú, confirmó que nada había cambiado. La ABT decomisó cerca de 15 mil pies tablares de madera, dos motocarros y un castillo. También hallaron un centro de acopio ilegal. Más castillos. Más evasión. Nadie detenido. Los operadores escaparon sin dejar rastro.
En ambos casos, lo único que quedó fueron los objetos: el triple, los castillos, los motocarros. Testigos mudos del intento fallido de traficar una vez más con las maderas valiosas de los bosques bolivianos. Esos cargamentos no llegaron a destino, pero eso no detuvo la impunidad.
Hoy, otros triples —idénticos, intactos— descansan a la vista de todos en garajes de Mavila y Alerta, del lado peruano. Nadie los toca. Pero están ahí, listos para el siguiente viaje. En silencio. En espera para ingresar a desangrar la selva amazónica boliviana.
¿De dónde sale el árbol verificado?
En el Puesto de Control Forestal «El Triunfo», a la entrada de Puerto Maldonado, tres funcionarios de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios (GERFOR) se encargan del control de los vehículos que transportan madera. Mientras conversamos con el encargado del puesto, afuera, los choferes de unos camiones esperan a los oficiales con sus motores encendidos, vibrando con un ronquido bajo. El sol golpea sin tregua, las sombras son escasas.
Adentro, en un rincón de la oficina, dos funcionarios jóvenes mueven rápidamente sus dedos sobre las teclas de sus calculadoras y con la otra mano señalan los números de los documentos que están en revisión. El tercero, Francis Antelo Chalco, toma el rol de anfitrión.
«La guía lo es todo», nos dice. «Si todo coincide en el papel —explica—, no tenemos cómo saber si la madera salió de una concesión legal o de un parque nacional boliviano».
«Cómo puedo saber yo, en el puesto de control que una carga es ilegal, si en la guía está todo conforme: boletas, facturas, el producto verificado coincide con lo que se declara. Desde aquí no podemos verificar el sitio de la extracción de la madera declarada, a no ser que haya una denuncia». El funcionario admite que, gracias a denuncias previas, se han interceptado vehículos con cargamentos ilícitos.
Tan solo en el mes de febrero de este año, El Triunfo registró el control de 490 camiones cargados de madera. Casi medio millar de oportunidades para que un árbol talado ilegalmente en Bolivia se mezclara con los árboles extraídos de forma legal en concesiones peruanas.
Las rutas de la clandestinidad
Un ex regente forestal en Madre de Dios, bajo anonimato, nos reveló que la ilegalidad se articula de dos maneras: por las noches, o sobornando en los puestos de control peruanos. Sin embargo, considera que la gran debilidad está del lado boliviano: la carencia casi total de puestos de control forestal. Una de las rutas por donde se mueve la madera, conecta San Lorenzo (Perú) con la localidad boliviana de Extrema, pasando por la carretera Interoceánica. La otra une Shiringayoc (Perú) con Soberanía (Bolivia). Ambas son conocidas. Ambas, transitadas. En la primera, la Aduana Nacional de Bolivia ordenó en 2022 la creación de la Administración Aduanera de Frontera Extrema, bajo la circular 179/2022. Pero esas oficinas nunca entraron en funcionamiento.
En Shiringayoc, el puesto policial parece más una promesa que una barrera: dos hombres jóvenes, con uniformes gastados y rostros curtidos por el sol, vigilan desde una banca. Uno de ellos, nos recibe con una mirada escurridiza, negando que por esa ruta haya paso de productos de origen ilegal, como la madera. Su compañero, más reservado, observa en silencio desde la sombra de un techo de calamina.
—Los controles son durante el día —añade el policía, mientras acomoda su gorra con nerviosismo—. De noche es un poco peligroso.
Nosotros insistimos.
—¿Peligroso por qué?
—Por los cultivos. La coca —responde, casi en susurro—. No te puedes arriesgar. Mejor vengan mañana, y hablen con el jefe.
Según la información compartida por el ex regente, sí existen cultivos de coca identificados por agentes de inteligencia en operativos encubiertos en Shiringayoc, y si bien no se ha demostrado un vínculo directo entre el narcotráfico y la extracción ilegal de madera, comparten la ruta. Los caminos descritos para el transporte de madera entre Bolivia y Perú, son los mismos que usa el narcotráfico para transportar sus mercancías hacia Bolivia con destino a Brasil. La carretera Interoceánica se ha transformado en una zona roja que se torna especialmente peligrosa por las noches, cuando es controlada por estos grupos.
Manuel Calloquispe, periodista peruano especializado en política regional y conflictos socioambientales, afirma al respecto: «En la frontera de Perú y Bolivia, estos últimos tres años han aparecido sembríos de coca y ya se ha encontrado también laboratorios de producción de pasta básica de cocaína, hasta un aeropuerto clandestino ubicado en la frontera de Bolivia. Es decir, la economía ilegal está haciendo una enorme confrontación a la economía sostenible que todavía tenemos en Madre de Dios».
En entrevista con el director de la ABT de Pando, Androcles Puerta, asegura que en ese departamento son al menos 10 los pasos fronterizos irregulares hacia Perú conocidos como «trochas», pero en 2018, la Policía boliviana identificó al menos 25 pasos fronterizos ilegales en el departamento de Pando.
Quien habla es Juan Carlos Grifa, su testimonio es fundamental para comprender la porosidad de esta frontera y lo abandonados que se sienten quienes la habitan.
Grifa es exalcalde del distrito de Tahuamanu de Madre de Dios, labor que cumplió entre los años 2015 y 2018, y presidente de la Federación Departamental de Castañeros de Madre de Dios (FEPROCAMD), agrupación de trabajadores de una de las actividades económicas que, aprovechando uno de los principales recursos forestales de esa localidad, han logrado convertirse en una de las más productivas del Perú sin dejar de preocuparse por promover la conservación de su patrimonio natural, asegurando su sostenibilidad.
En nuestra conversación, Grifa enumera los tres pasos de frontera que conoce: dos del lado peruano, en San Lorenzo y Shiringayoc; y uno del lado boliviano en la comunidad de Tres Arroyos, ubicada dentro de la provincia de Manuripi. Con calma pero con afección, sin rodeos, insiste en palabras como «descuido», «desprotección», «insuficiencia».
—No se quiere formalizar. Y entonces, ¿qué hace el ciudadano peruano o boliviano en la frontera? Para sobrevivir, hace negocio de lo que tiene en su bosque. A él no le interesa si es formal o informal. La cosa es que tenga su dinero para poder sobrevivir…
La declaración de Grifa no señala culpables con rabia, sino con resignación. Su voz habla de dos Estados que no llegan a tiempo, o no llegan nunca.
*Amazon Underworld es un proyecto de periodismo investigativo transfronterizo en el que participan Al Margen (Perú), Armando.Info (Venezuela), InfoAmazonía (Brasil), La Barra Espaciadora (Ecuador), La Liga Contra el Silencio (Colombia) y RAI (Bolivia). Es posible gracias a la financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, el Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido y la Fundación Ford.
Créditos:
Investigación: Eduardo Franco Berton, Soledad Gutiérrez y Erika Bayá.
