En la Amazonía peruana, el poder político y las economías ilegales convergen en un mismo territorio. Hay alcaldes que poseen concesiones mineras, gobernadores investigados por delitos ambientales y autoridades que declaran patrimonios millonarios en departamentos donde la pobreza supera el 40 %. Conocer quiénes gobiernan la selva amazónica y qué intereses los rodean no debería ser un privilegio, sino una necesidad satisfecha.
Busca Amazonía nace de esa urgencia. Es una herramienta digital creada por Al Margen para rastrear los vínculos entre alcaldes y gobernadores de las regiones amazónicas —Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios— y sus posibles nexos con delitos ambientales, actividades extractivas o procesos judiciales.
La pregunta que orientó esta investigación fue: ¿quiénes gobiernan en la Amazonía peruana? Para responderla, Al Margen emprendió un riguroso proceso de recopilación y análisis de datos que se extendió durante varios meses. La información proviene exclusivamente de fuentes oficiales: el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las fotografías de los candidatos fueron obtenidas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y son usadas exclusivamente para fines informativos y periodísticos.
Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el equipo cursó solicitudes formales al Ministerio Público para acceder a las investigaciones fiscales en curso y archivadas de cada una de las 250 autoridades de la selva amazónica. Las búsquedas iniciales fueron hechas por nombre, pero luego se perfeccionaron con el número de DNI de los funcionarios para evitar casos de homonimia. Los resultados, entregados en documentos escaneados, fueron convertidos, organizados y sistematizados en bases de datos a partir de hojas de cálculo.
El proceso continuó con una extracción automatizada (web scraping) del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas. Allí, el medio identificó autoridades y familiares con derechos temporales de explotación minera. Este cruce, complementado con consultas al Sistema de Derechos Mineros y Catastro del INGEMMET, permitió mapear la relación entre poder político y la minería aluvial en proceso de formalización.
A ello se sumó la revisión individual de las declaraciones juradas de bienes, rentas e intereses publicadas por la Contraloría, consultadas una por una mediante el DNI. Así, se logró revelar ingresos, empresas y posibles conflictos de interés. Las hojas de vida de cada autoridad, obtenidas desde el Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob), fueron verificadas con el directorio de funcionarios públicos del INEI, garantizando la correspondencia entre identidad, cargo y fotografía oficial.
La información, una vez depurada y estructurada, se organizó bajo un modelo relacional de base de datos, en el que el DNI opera como clave principal. Para ello, se utilizó Python (usando las librerías Selenium, Requests y Pandas), y la interfaz web fue desarrollada en React.js, con base de datos en formato JSON.
El diseño de la herramienta siguió principios de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI) para asegurar una navegación clara, directa y accesible: un buscador intuitivo con enfoque territorial, acompañado de una paleta de colores y tipografía coherentes con la identidad visual de Al Margen.
Más que un buscador, Busca Amazonía es una herramienta de transparencia pública, pensada para periodistas, investigadores y la ciudadanía en general. El objetivo es actualizarla periódicamente para garantizar el acceso libre a información clave sobre autoridades con investigaciones fiscales, intereses mineros o posibles vínculos con delitos ambientales.
En un contexto donde la corrupción y las economías ilegales amenazan la Amazonía, democratizar el acceso a la información se convierte en una forma de resistencia y Busca Amazonía ofrece lo que el Estado aún no ha podido garantizar: accesibilidad y claridad sobre quiénes gobiernan los territorios más vulnerables del país.
