El último 10 de mayo, el régimen de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32330, una reforma que permite enviar a prisión común a adolescentes de 16 y 17 años acusados de delitos graves como el sicariato y la extorsión. El Congreso la aprobó ignorando las advertencias del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y dos ministerios clave, y la sustentó con una única opinión técnica: la de Carmela de Orbegoso Russell, abogada que registra llamadas con el prófugo César Hinostroza, exjuez supremo del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, y homenajeada por Andrés Hurtado ‘Chibolín’, hoy con prisión preventiva por tráfico de influencias.
Egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Carmela de Orbegoso Russell llegó en 2010 a la Corte Superior de Justicia del Callao como vocal superior suplente, bajo la presidencia de César Hinostroza. Años después, entre 2017 y 2018, su nombre volvió a sonar en los pasillos del poder: fue propuesta como candidata al Tribunal Constitucional por un grupo multipartidario que unía a fujimoristas como Luis Galarreta, Paloma Noceda y Glider Ushñahua; a la aprista Luciana León; al evangélico Julio Rosas de Alianza para el Progreso (APP); y a Pedro Olaechea de Peruanos por el Kambio (PPK).
Pero en septiembre de 2019, dos audios publicados por el diario El Comercio revelaron que su vínculo con Hinostroza iba más allá de las coincidencias institucionales. En una de las escuchas telefónicas difundidas, el exjuez supremo —hoy prófugo de la justicia por el caso ‘Cuellos Blancos’— le pide que lo conecte con Elisbán Belizario, un empresario dedicado a la producción y venta de explosivos de uso civil vinculado a la minería informal en Nasca.
El segundo audio confirmó que Carmela de Orbegoso Russell no solo escuchó el encargo de César Hinostroza, sino que lo cumplió. En la grabación, se oye al exjuez conversando con el empresario minero Elisbán Belizario para pedirle “un favor”: que le prestara su casa en Panamá para pasar unas vacaciones.
La filtración de ambos audios forzó a De Orbegoso a presentar su renuncia irrevocable a la candidatura para el Tribunal Constitucional.
Al Margen entrevistó a la abogada para este reportaje y al ser consultada por Belizario indicó que es una de las miles de personas que conoce a través de otras personas, pero que tenía entendido que “es un empresario decente”.
Por otro lado, reconoció que cumplió el favor solicitado por Hinostroza, restando importancia a la cercanía que se percibe en el diálogo y al apelativo de “hermanita” que él le dedicaba. “¿Qué le voy a decir a un vocal supremo? Oye, no me digas hermanita”, respondió, para luego justificarlo con una metáfora doméstica: “Yo voy al mercado, a la del mercado le digo: princesa, dame un kilito de esto, bebé, papacito lindo. Somos cariñosos los peruanos. No es que seas íntimo, es nuestra naturaleza”.
“¿Qué le voy a decir a un vocal supremo? Oye, no me digas hermanita”.
— Carmela de Orbegoso.
El libro que le abrió las puertas
Su nombre volvió a la pantalla el 26 de marzo de 2022, esta vez en un homenaje televisado por Andrés Hurtado ‘Chibolín’. En el programa, De Orbegoso exhibió su libro Responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano, publicado en 2017 por la editorial jurídica Grijley, el mismo que sería utilizado para implementar el proyecto que le dio vida a la Ley N° 32330.
“Recuerdo que me contactó su productor (para ver un tema) ligado a la defensa de la mujer, la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar. Sin ningún problema fui y me entrevistó, como ha entrevistado a todo el mundo”, aclaró De Orbegozo. José Malpartida, el productor del programa ‘Hoy es sábado con Andrés’, actualmente está vinculado a un proceso por lavado de activos y recibió más de 600 mil soles de parte del partido Renovación Popular por servicios de media training.
El 3 de abril de 2017, Carmela de Orbegoso presentó su libro en el Congreso de la República. La acompañaron figuras políticas de peso: Luciana León (Apra), Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) y Pedro Olaechea (PPK). En primera fila también estuvieron el entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tíneo, y Juan Alfaro Bernedo, rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Al Margen accedió a una copia de la obra y revisó sus 250 páginas. En el texto, De Orbegoso atribuye parte del aumento de delitos cometidos por adolescentes al “uso masivo de internet”, mencionando incluso el videojuego Pokémon Go como ejemplo. Suma a sus argumentos la antigua normativa que permitía a menores de edad casarse desde los 14 años —derogada por avalar el matrimonio infantil— para concluir que, desde esa temprana edad, “tienen plena capacidad de sus actos y responsabilidad en sus conductas”.
Más allá de recopilar conceptos, sistemas jurídicos de 18 países y tesis que defienden la inimputabilidad de los menores, la autora apenas desarrolla los fundamentos que la llevan a proponer que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos. Un vacío que contrasta con el peso político que adquirió su libro al convertirse en el único sustento técnico de la Ley N° 32330.
Un problema complejo
El aumento de crímenes cometidos por adolescentes es innegable. La Policía Nacional reporta que la mitad de los detenidos por sicariato tienen entre 15 y 17 años. El Ministerio Público, por su parte, informó que solo entre enero y abril del 2025 fueron intervenidos 2.329 adolescentes de 14 a 17 años por delitos como robo agravado, extorsión, homicidio, secuestro y sicariato.
Las cifras del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONASEJ) revelan otra cara de la crisis: hasta agosto del 2024, 3.581 adolescentes cumplían medidas socioeducativas en el país, de los cuales 1.882 estaban recluidos en centros juveniles.
En medio de ese panorama, el Congreso aprobó la Ley N° 32330, que ordena que los jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos graves puedan ir a prisiones comunes. Una iniciativa que fue rechazada de manera unánime por las instituciones especializadas del Estado y organismos internacionales.
El Poder Judicial advirtió que tratar a menores como adultos desconoce su madurez incompleta. El Ministerio de Justicia alertó que la norma vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño. La Defensoría del Pueblo insistió en que todos los menores de 18 años deben ser juzgados bajo el régimen de responsabilidad juvenil. El Ministerio de la Mujer la calificó como inviable. La ONU, más tajante, advirtió que la medida no solo será ineficaz para rehabilitar, sino que condenará a los adolescentes a una trayectoria criminal más peligrosa.
Mientras el Congreso cerraba filas en torno a la ley, Al Margen consultó a especialistas. El politólogo Christian Campos Vásquez, experto en criminología y seguridad ciudadana del Instituto de criminología y Estudios de la Violencia (ICEV), apunta que el sistema penitenciario ya está colapsado: “Hay más de 90 mil presos y otros 90 mil bajo medidas extramuros. Es un sistema saturado, que no cumple ni sus objetivos constitucionales ni legales”.
El riesgo, subraya, es que un adolescente con antecedentes penales quede atrapado en un círculo de estigma y rechazo. “Mientras más temprano se sancione, más difícil será que logre integrarse a la sociedad”, advierte.
La psicóloga María del Rocío Mayorga, experta en salud mental por la universidad de Valencia, apunta hacia el núcleo del problema: el entorno familiar. “Cuando los padres están ausentes, no hay guía, comunicación ni afecto; cuando hay violencia o delincuentes en la propia familia, los adolescentes quedan expuestos”, explica.
Campos Vásquez coincide. La delincuencia juvenil, dice, no surge de la nada, sino cuando se rompen los vínculos que atan a los jóvenes con la sociedad. “Cuando sienten que no tienen un lugar, que las reglas no los incluyen o que el sistema no les ofrece un futuro, el delito aparece como alternativa viable”.
“Mientras más temprano se sancione, más difícil será que logre integrarse a la sociedad”.
— Christian Campos Vásquez, ICEV.
A ello se suma la presión del grupo de pares. Luisa Espino, psicóloga con experiencia en entornos educativos, plantea la teoría de Erik Erikson para explicar la complejidad de esta normativa. “En la adolescencia se juega la construcción de la identidad. “El grupo es la figura más importante de esa etapa. Lo que hagan sus pares, pesa más que cualquier otra voz”, indica.
Como la ONU, Mayorga advierte que un adolescente de 16 o 17 años aún no ha alcanzado la madurez emocional y cognitiva de un adulto. “No es que no sepan distinguir lo correcto de lo incorrecto, pero carecen de la capacidad plena de autocontrol y autorregulación”.
En el otro extremo, el exministro del Interior, general (r) Cluber Aliaga, sostiene que el vacío de la inimputabilidad ha sido aprovechado por mafias. Para él, la ley tiene un fin disuasivo: “Enviar un mensaje claro de que, si cometen delitos graves, serán procesados como adultos”.
Pero incluso Aliaga admite la paradoja: enviar adolescentes a penales comunes exige condiciones extremas de resguardo que el Perú no tiene. En un país con cárceles sobrepobladas y un sistema de justicia saturado, la advertencia se vuelve evidente. La ley busca endurecer las sanciones, pero lo hace en el terreno más frágil del Estado.
Que la única voz técnica detrás de la Ley N°32330 sea la de Carmela de Orbegoso expone una contradicción de fondo: el Estado no logra proteger a los adolescentes de contextos de abandono, violencia y reclutamiento criminal, pero sí encuentra en ellos un blanco para endurecer su política punitiva.
La abogada que respalda la cárcel para menores mantiene en su historial vínculos con actores cuestionados a la minería informal, la corrupción y el lavado de activos. Y si bien nada de ello constituye un delito, sí revela la normalización de relaciones con circuitos de poder que sostienen la criminalidad. Al final, hay un mensaje claro: quienes son instrumentalizados por esas redes terminan en penales comunes; sin embargo, quienes orbitan alrededor de sus beneficiarios, pueden convertirse en sustento legal del castigo.
Créditos
Redacción: Álvaro Meneses.
Asistencia de investigación: Roberth Palomino.
