En el mundo, la seguridad privada está dominada por empresas que manejan presupuestos enormes, comparables a los que poseen algunos países.
Allied Universal Security Services, Securitas AB, Amentum, ADT Inc., y Prosegur conforman el top cinco de empresas más rentables, con ingresos cercanos a los USD 50 mil millones.
Estas cifras evidencian que el mercado de la seguridad privada tiene un gran potencial: se nutre de una amplia oferta de servicios de protección y vigilancia en distintas modalidades. A nivel global, las empresas del sector cuentan con una capacidad operativa considerable, pues pueden desplegar recursos y tecnología a una escala que pocos pueden igualar.
A pesar de que en Perú operan dos de las cinco empresas de seguridad más grandes del mundo, así como otra docena de empresas con reconocimiento internacional (con operaciones en el sector extractivo, portuario, retail, entre otros), se trata de una minoría en el mercado nacional de seguridad privada.
En este contexto, surge la pregunta: ¿quién nos protege y en quién podemos confiar realmente?
Si bien en Perú las cifras muestran que las empresas de seguridad registradas ante SUCAMEC han aumentado notoriamente (pasaron de 780 a 4319 entre 2015 y 2022), existe un universo informal que no se puede ignorar y del que se desconoce su tamaño y alcance de sus operaciones.
De acuerdo con nuestro análisis, más del 66% de las empresas de seguridad en Perú prioriza trabajar con organizaciones del sector privado. Y, si bien los datos muestran un mayor grado de formalización del sector durante el siglo XXI, vale cuestionarse:
¿Qué riesgos y vulnerabilidades persisten en un universo donde la formalidad se mezcla con la informalidad y la infiltración criminal?
Uno de los principales problemas son las empresas fachada, como aquellas que solo obtuvieron una autorización formal por parte de SUCAMEC y parecen haberse “formalizado” con el único fin de participar en licitaciones con el Estado.
Estas empresas suelen ser creadas poco antes de firmar su primer contrato, operan entre uno y cinco años y luego desaparecen del padrón formal. Es decir, se crearon para servir de vehículos para actos contra la administración pública.
Otro aspecto crítico es la filtración de armas de fuego desde empresas de seguridad hacia el crimen organizado, cuyos ejemplos abundan y representan una de las facetas más oscuras y letales del sector.
Este desvío de armamento, que acaba usado en el crimen urbano, convierte a la seguridad privada, paradójicamente, en un eslabón vulnerable para la violencia. Armas diseñadas para la protección son usadas para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general, tejiendo una red de miedo que socava la economía y la tranquilidad pública.
Además, la capacidad del aparato de control para autorizar el funcionamiento de empresas que, en esencia, son fachadas del crimen organizado constituye un grave problema. A partir de los reportes disponibles, no cabe duda de que actores criminales buscan aparentar la legalidad de sus operaciones ilícitas.
Al hacer esto, este conjunto de empresas además, desvirtúa la labor de las empresas de seguridad que operan con ética, que buscan mejorar los servicios, que buscan alcanzar estándares pues saben que la seguridad es un aliado clave para el desarrollo. Las consecuencias son evidentes: pérdida de vidas humanas y consolidación de escenarios dominados por el crimen organizado.
Fortalecer el control sobre quienes pretenden utilizar la seguridad privada con fines delictivos es una tarea urgente. Pese a los avances en la formalización y la presencia de gigantes globales, la verdadera batalla por la seguridad se libra contra aquellos que operan en las sombras: los que infiltran la formalidad para delinquir y los que protegen intereses criminales.
Estos actores, sean camuflados, informales o directamente ilegales, representan una amenaza constante que socava la confianza y la paz social. En este escenario urge diseñar herramientas que permitan generar información para gestionar presiones inteligentes al sector informal, una fiscalización más eficiente para detectar las empresas fachada y una persecución efectiva de quienes desvían recursos y armamento hacia la criminalidad.
Controlar y erradicar estas desviaciones es una tarea clave para garantizar que cada vez más empresas de seguridad privada realmente sean una herramienta de disuasión de amenazas y prevención de riesgos (y no un velo para encubrir actividades delictivas).
Columnista: Mag. Christian Campos Vásquez. Investigador Asociado del Instituto de Criminología – ICEV (Perú).
