La pregunta del título es provocadora porque nos lleva a pensar en si la expansión de las rutas aéreas de tráfico ilícito de drogas, las terrestres de extracción ilegal de madera o las fluviales de tránsito de oro ilegal que ocurre en ámbitos rurales amazónicos caracterizados por la baja densidad estatal puede tener algún vínculo con la situación de inseguridad que se vive en el día a día en ámbitos urbanos como Lima o Trujillo. Situación que corrobora las alarmantes cifras del SINADEF que dan cuenta de que, hasta noviembre de 2025, ocurren en promedio 5 homicidios por día a nivel nacional, en medio de un contexto de extorsiones y sicariato, siendo los pequeños negocios y transportistas quienes se han visto principalmente afectados.
No señalamos que exista una relación de causa-efecto entre ambas, sino más bien, que la comprensión de las dimensiones de la primera –en términos de estructuras criminales, capitales ilícitos y captura institucional– puede contribuir con aquellas acciones estatales orientadas hacia la defensa del territorio nacional que hoy se ve amenazado por innumerables actos que según algunos expertos nos estarían acercando hacia una gobernanza criminal.
Tenemos certeza de que las actividades ilícitas señaladas se expanden con notoria consistencia hacia áreas naturales protegidas y territorios indígenas, tanto de comunidades nativas, como de Reservas Indígenas y Territoriales. Así lo confirma información oficial de DEVIDA, Geobosques, y el Registro de Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo del Ministerio de Justicia.
Este último evidencia que hasta el 20 de noviembre de 2025 se registran 566 situaciones de riesgo que involucran a 828 personas defensoras y 93 familiares. En el 84.4% de los casos está relacionado con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, y destacando el factor étnico como un elemento clave en la defensa de derechos.
Esta situación no implica de ninguna manera que exista una correlación “natural” entre la autoidentificación étnica y la labor de defensa ambiental, dado que, como lo demuestran distintas investigaciones, entender las dinámicas locales va más allá de una lógica dual de héroes versus villanos.
Tampoco quiere decir que las únicas amenazas estén relacionadas con actividades ilícitas, dado que analizar por completo el problema nos recuerda que existen distintos eslabones en torno a estas actividades que pese a generar capital no bancarizado ni controlado logran insertarse en la economía nacional, que es principalmente informal, y en donde incluso se vuelve difusa la interrelación con distintos actores formales desde el abastecimiento de insumos y maquinarias, hasta su propia interrelación en el “blanqueo” de la materia prima extraída ilegalmente.
La estructura criminal: de la ilegalidad amazónica a la impunidad urbana
A la par las referidas economías ilícitas generan cantidades millonarias de dinero –según la UIF entre 2015 y 2025 han movilizado un monto aproximado de USD 199 908 millones –, y pese a la existencia de Estrategias, Planes, iniciativas respaldadas por la cooperación técnica, lo cierto es que el problema es tan grave que no solo se resume en los usuales problemas de falta de presupuesto, sino también, tienen vínculo con un marco normativo que genera incentivos suficientes para su desarrollo y en particular de las estructurales criminales que se alimentan de ellas.
Los ejemplos son vastos y se articulan directamente con la capacidad de las redes criminales de operar impunemente en la Amazonía para generar el capital que luego se disputa en los ámbitos urbanos. Algunos ejemplos son los siguientes:
A) Debilitamiento de la Lucha contra el Crimen Organizado: La Ley N° 32108/2024, modificó el marco normativo sobre Criminalidad Organizada, eliminando el “factor sorpresa” en los allanamientos liderados por la Fiscalía. Además, ha excluido de la definición de “organización criminal” a los delitos con penas menores a cinco años en su extremo mínimo, entre los cuales se encuentran los delitos de colusión, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias que, precisamente, son la columna vertebral del crimen organizado y la corrupción que facilitan la captura estatal en todos los niveles.
Aquí también se encuentran los delitos ambientales (tala ilegal y minería ilegal) que ahora, para ser investigados, en el marco de la ley de criminalidad organizada deben ser elaborados desde sus formas agravadas lo que dificulta la persecución de las grandes redes de depredación territorial en un periodo en el que además han sufrido un recorte drástico en su presupuesto.
B) Fortalecimiento de las economías informales que interactúan con las ilícitas: Aquí se encuentra el marco normativo que sigue permitiendo la ampliación del proceso de formalización minera (REINFO) sin mecanismos suficientes para fiscalizar su cumplimiento como lo refleja el bajo porcentaje de inscritos que han logrado finalizar el proceso (2.4%) de un universo mayor a 84,000 inscritos.
La constatación en campo evidencia que cada vez es más difícil distinguir entre las labores que realiza la minería ilegal así como la informal. Asimismo, la aprobación de la Ley N° 31989/2024 derogó la disposición que facultaba a la PNP para tomar acciones cuando advierta el desarrollo de actividad minera por parte de personas con REINFO suspendido, y que tengan en su poder artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización administrativa correspondiente.
C) Influencia de las economías ilícitas en los espacios de toma de decisión: La ley N° 32254/2025 modificó la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para restituir el financiamiento privado de los partidos políticos, permitiendo la confidencialidad de los datos de aportantes y el aumento del monto de financiamiento hasta un millón de soles por año. Esta opción es peligrosa dado que abre la puerta al “blanqueo” de capitales procedentes de las economías ilícitas señaladas, a fin de financiar candidaturas que permitan el mantenimiento del marco normativo señalado.
Una reflexión final
¿Dónde se han reportado los mayores índices de deforestación asociada con tala ilegal?, ¿en dónde la minería ilegal ha depredado bosques enteros? Son esos mismos territorios en donde aún subsisten liderazgos locales que denuncian estas actividades con la esperanza de una respuesta estatal.
Son esos mismos liderazgos locales quienes caben dentro de la definición de “persona defensora” por razón de las actividades que realizan en pro de un bien común, pero a quienes se continúa fallando. Y aquí el problema no se centra en que el Mecanismo Intersectorial a cargo de su protección no funciona, sino en que tiene un problema de orígen si entiende que la garantía de entornos seguros se concentra en la dimensión individual de la “persona defensora”, dejando de lado, la dimensión colectiva de los territorios que habitan, pero también la dimensión criminal, reflejada en la existencia de redes criminales que la propician generando capitales millonarios que además tienen un marco normativo que les permite “blanquearse”.
Desde la ciudadanía necesitamos discutir estas interconexiones, mediante el debate serio e informado. Todo lo contrario representaría una claudicación a la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública. Solo un enfoque de seguridad territorial y ambiental que desmantele las estructuras criminales en su origen y castigue el blanqueo de capitales podrá mitigar la ola de inseguridad que hoy impacta nuestros ámbitos urbanos. Desde DAR esperamos contribuir con esas discusiones a partir de nuestro informe de análisis sobre el funcionamiento del Mecanismo Intersectorial para la protección de las PDDH.
