“Una noche abrí la ventana para que entrara aire y vi a un hombre en una moto apuntándome directamente. Cerré los ojos y la ventana de golpe. Dos balas atravesaron la cortina y se incrustaron en una cómoda del cuarto donde mi hija dormía”. María* habla desde Florencia de Mora, uno de los distritos más populares de Trujillo, capital del departamento peruano de La Libertad. Narra su experiencia en voz baja, casi susurrando.
Tenía una bodega en casa de sus padres. No existe más. La cerró por miedo y es entrevistada entre vitrinas y aparadores vacíos. Recuerda que fue un día de diciembre cuando encontró una carta bajo su puerta. Estaba escrita a mano, llena de faltas ortográficas y en el mensaje le exigían 20 mil soles a cambio de no matarla ni a ella ni a su familia.
Cuando María decidió denunciar las amenazas, se acercó a la comisaría de su distrito. Ahí le dijeron que primero debía llevar su chip telefónico y los 20 mil soles en efectivo para depositarlos al extorsionador y, con ello, identificar al titular de la cuenta. “Le dije que no tenía ese dinero, que la casa estaba hipotecada, y me respondió que entonces viera yo cómo hacía”, recuerda. Afirma también que la Policía nunca fue a su casa a realizar una verificación ni a brindarle resguardo.
Como ella, muchas personas desisten de poner una denuncia porque no encuentran canales seguros y efectivos. Esto genera un subregistro de denuncias que no permite definir concretamente la realidad de la extorsión en el país. Entre el 2020 y 2025, se registraron 90.007 denuncias por extorsión en el Ministerio Público a nivel nacional, de las cuales al menos el 72% se hicieron en los distritos fiscales de Lima y la costa norte del Perú.
¿Cuántos casos como el de María quedaron fuera de la estadística?
En ese mismo periodo y área de cobertura, el Poder Judicial reporta apenas 1.303 sentencias condenatorias en primera instancia. Es decir, un aproximado de 2 condenas por cada 100 denuncias, lo que representa 1,99% de efectividad en la resolución de casos. Aunque la comparación no mide estrictamente la impunidad, porque muchos casos siguen en trámite, dibuja una brecha de casi 98 puntos porcentuales entre lo que se denuncia y lo que se sanciona.
La Libertad ilustra la distancia con una paradoja. Allí las denuncias fiscales se multiplicaron por siete entre 2020 y 2024, de 494 a un pico de 4.197, y se redujeron a 3.466 en 2025. Las causas procesadas por extorsión básica pasaron de 48 a 159 en el mismo lapso. Y en 2025 la región alcanzó su récord de sanción penal: 75 sentencias condenatorias, además de 15 fallos por terminación anticipada y 8 absoluciones.
Es el mejor desempeño judicial de su historia reciente, y aún así cubre una porción diminuta del total.
Diseñando un sistema
La extorsión en el Perú, como en el resto del continente, suele presentarse como un problema reciente, atribuido a la migración, bandas foráneas u otros factores externos. En los últimos cinco años los niveles de extorsión a nivel regional se han disparado, y, según el informe ”Los costos del crimen y la violencia” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es, después del homicidio, el crimen que más impacta a los habitantes y una actividad delictiva que genera miles de millones en pérdidas económicas cada año.
Las mediciones internacionales ya ubican a Perú en el mapa. Según el Global Organized Crime Index de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), el Perú ocupa el puesto 25 entre 196 países, esto lo coloca en el quinto superior del mundo, y el cuarto lugar en Latinoamérica, detrás de Colombia, México y Ecuador. En el mercado delictivo de extorsión y cupos de protección alcanza 5,50 puntos. En resiliencia estatal, en cambio, registra 4,46 puntos, colocando al país en el puesto 114 de 193: una capacidad limitada de liderazgo político, transparencia y control policial y judicial frente a un delito que logró cruzar fronteras.
No obstante, para llegar a este punto tuvieron que pasar más de tres décadas. Los archivos judiciales y hemerográficos evidencian que la extorsión ya representaba un problema desde los 90. Remontarse a esta década es encontrar el punto de partida: los distritos periféricos del norte de La Libertad (El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza) entre 1997 y 1999. Allí, en un entorno donde imperaban las pandillas juveniles, los delincuentes descubrieron que cobrar 50 céntimos o un sol a las empresas de microbuses para que subieran a las zonas altas de estos barrios era un negocio rentable.
Era apenas el comienzo.
Poco después, entre 2002 y 2006, el cobro oportunista en el barrio empezó a organizarse. Bandas criminales como Los Retacos, Los Pulpos y La Gata, implementaron un esquema de cobro telefónico masivo desde los pabellones del establecimiento penitenciario El Milagro. Usando guías telefónicas impresas de páginas blancas y amarillas, los reclusos marcaban al azar a bodegas, talleres de calzado, restaurantes y farmacias, y exigían dinero bajo amenaza de muerte.
En paralelo creció el secuestro de vehículos. Hacia 2005, el robo de taxis Tico y Toyota Corolla Station Wagons derivó en un mercado de rescate: entre 800 y 2 mil dólares por devolver la unidad. De ese punto a la cuota periódica había un solo paso, y el territorio lo establecieron a través de dos mecanismos: el sticker y el vago.
El primero no es más que una calcomanía que se entrega tras el pago y que la víctima pega en el parabrisas de su vehículo o en el portón de su vivienda. Avisa a otras bandas que esa propiedad ya tributa a una “firma” —Los Pulpos, La Jauría, Los Plataneros o Los 80—. El segundo es un intermediario del barrio que negocia entre la víctima y los extorsionadores. Rebaja la demanda económica, por ejemplo, de 20 mil a 4 mil soles, cobra una comisión y garantiza a los delincuentes que nadie acudirá a la Policía. Es decir, el sistema incluye su propio mecanismo de negociación y de blindaje. Cobra, regula y se protege.
La particularidad de La Libertad radica en su capacidad de ramificación. La extorsión no solo se enraizó en la urbe trujillana, donde las denuncias fiscales llegaron a superar las 3 mil en un solo año, sino que penetró con fuerza en los valles agrícolas de Ascope, Virú y Pacasmayo.
Con los años, el blanco se desplazó del transporte público a los fabricantes de calzado de El Porvenir, las bodegas, los profesionales independientes y los mototaxistas. Desde 2020, además, llegó a los enclaves mineros de Pataz y Sánchez Carrión. Tras la pandemia, el mismo patrón siguió avanzando y se replicó en las periferias de Lima Norte, Este y Sur, y en el resto de la costa norte.
En 2012, cuando en Lima los juzgados apenas recibían 54 causas de extorsión, los tribunales liberteños ya procesaban 166. Dos años después llegaron a 283. Trujillo operaba como el laboratorio de la extorsión peruana. Y lo que hoy se discute como una crisis capitalina es, en buena medida, una dinámica criminal que se extendió desde el norte y que marcó la pauta de los desafíos que enfrenta la justicia penal del país.
Lo que cuesta pagar
Cada testimonio de las víctimas muestra la efectividad del mecanismo criminal. María, sin el amparo de la Policía, recurrió a la vía informal para aplacar a sus extorsionadores: el vago. Un vecino le facilitó el contacto de unos sobrinos vinculados al hampa local. Se pactaron 4 mil soles para los criminales, 1.500 para los intermediarios y cuotas por colocar un sticker en la fachada.
“Tuvimos que prestarnos dinero de todos lados y usar los ahorros que teníamos para mi matrimonio y el colegio de mis hijos”, cuenta. Pasó más de dos años en una depresión profunda, no quería salir de su cama y temblaba cada vez que oía el motor de una moto. Según cuenta, cuatro de los hombres que la extorsionaron terminaron presos, pero no por su caso: los atraparon robando camionetas. “En el Perú uno siente que el extorsionador puede hacer lo que quiera contigo porque la justicia no existe”.
El día que fue entrevistada para esta investigación, recordó que ese mes le tocaba pagar la última cuota del préstamo que realizó de una entidad bancaria para poder cubrir el pago de la extorsión. Lo contó con una sonrisa de decepción, aún con los ojos cristalinos al recordar el proceso de ansiedad y depresión que atravesó por el trauma vivido.
En Alto Trujillo, una trabajadora social a la que llamaremos Flor*, describe los cobros extorsivos como un tributo sobre economías de subsistencia y precisa el impacto específico que tiene sobre las mujeres. “La violencia que sufren las mujeres comerciantes y emprendedoras en el mercado es principalmente económica”, explica. Un cupo diario de cinco o diez soles significa “quitarles directamente el sustento y la comida a sus hijos”, indica. A los colectiveros que circulan por la zona, añade, les queman los carros o los matan a balazos a plena luz del día.
Flor advierte además sobre la captación temprana de menores. Adolescentes de 12 y 13 años son reclutados en barras bravas y barrios. Cuando les pregunta si no temen morir en un enfrentamiento, la respuesta es corta y directa: “Si me toca morir, me toca”. Hallan en esos grupos una identidad y una pertenencia que no encuentran en sus familias ni en el Estado.
Y la gente prefiere no denunciar. “Saben que los agentes informan a los mismos delincuentes, y a las pocas horas te llegan amenazas diciendo que ya se enteraron de que fuiste a denunciar”, sostiene.
Un embudo de ineficiencia
Si el desempeño judicial en La Libertad es bajo, Lima Metropolitana muestra incluso una brecha aún más profunda. Las denuncias de extorsión en el Ministerio Público pasaron de 806 en 2020 a 12.288 en 2025. Mientras las sentencias dieron un salto drástico de 48 a 346 en el mismo periodo, incluyendo la categoría de secuestros extorsivos. La conversión entre denuncias y sentencias obtenidas es de apenas 2,8% al 2025.
Julio Corcuera, experto en crimen organizado y exviceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior (Mininter), explica que la ventaja del crimen sobre el Estado es la continuidad. Entre marzo de 2020 y septiembre de 2025, el cabecilla conocido como ‘El Monstruo’ dirigió las extorsiones en la zona norte de Lima Metropolitana, el área urbana de la capital peruana. En ese mismo periodo, el país tuvo cinco presidentes de la República, 14 presidentes del Consejo de Ministros, 23 ministros del Interior y 10 comandantes generales de la Policía. “Un líder criminal tiene mucha más estabilidad institucional que los altos mandos encargados de la seguridad pública”, indica.
El especialista estima que organizaciones como ‘Los Pulpos’ captan hasta 75 millones de soles al año. Ese dinero, explica, se lava mediante redes familiares y sentimentales que compran inmuebles, discotecas y empresas de fachada, o que financian el ingreso de aspirantes a las escuelas policiales. Y el Estado no usa con eficacia la extinción de dominio.
Tampoco regula, advierte, los insumos del delito: un teléfono, un chip, una cuenta y un explosivo. Los chips sin registro se venden en zonas comerciales como Tacora o Las Malvinas “como caramelos”, las billeteras digitales donde se depositan los cupos no se congelan de inmediato y existen más de 50 mil licencias de explosivos emitidas legalmente, de donde se desvía la dinamita que termina en las fachadas de los comerciantes. “Y ninguno de estos controles depende de la policía”, subraya.
Desde el retiro, un policía con 33 años de servicio que integró la división de secuestros y extorsiones de Trujillo y cuyo nombre mantenemos en reserva por temas de seguridad, coincide en el diagnóstico. En los años 2000, cuenta, cinco investigadores lograron desarticular bandas y rescatar a secuestrados sin geolocalización. Hoy, señala, hay más tecnología y mejores sueldos, pero poca vocación investigativa. Asimismo, coincide con Corcuera respecto a que las organizaciones criminales pagan los fondos de garantía que exigen las escuelas policiales con el objetivo de introducir a sus “peones” en la institución. Además de señalar que la institución ya no cuenta con mecanismos eficientes para filtrar quiénes postulan. “Antes, cuando uno postulaba, te investigaban. Incluso investigaban tus antecedentes y los de tu familia”, finaliza.
La expansión de una franquicia
En la década de los noventa se fundó una de las bandas criminales precursoras en la trayectoria de la extorsión en el Perú: ‘Los Pulpos’. Jhonsson Smit Cruz Torres, su más actual cabecilla identificado, fue capturado en Bolivia el primero de setiembre de 2026, tras ser señalado como el autor intelectual del secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes, en un operativo transnacional que involucró al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Lo que su padre Jhon Cruz Arce y su abuelo Teófilo Cruz Álvarez ensayaron en los barrios de Trujillo a fines de los noventa cruzó fronteras con el paso del tiempo. Organizaciones nacidas en La Libertad, como ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’, extendieron sus tentáculos en todo el territorio peruano y llegaron a países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina.
Jorge Nureña Plasencia, historiador e investigador del NOR-Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, lo ordena en capas. En la cima ubica a Los Pulpos y La Jauría. Más abajo a las bandas locales y regionales, como Los Compadres Security y algunas facciones de La Jauría.
La diferencia con las bandas episódicas es que Los Pulpos lograron franquiciar su firma. Llevaron al exterior el mismo esquema de protección territorial: una cuota periódica a comerciantes y transportistas a cambio de no atacarlos o de dejarlos circular. El sticker se masificó como patente de cobertura frente a facciones rivales. Y las redes del norte abrieron conexiones transfronterizas para el tráfico de drogas hacia Chile por el corredor del Pacífico, y para el contrabando de armas y municiones por rutas compartidas con Ecuador y Colombia.
Además de señalar que la institución ya no cuenta con mecanismos eficientes para filtrar quiénes postulan. “Antes, cuando uno postulaba, te investigaban. Incluso investigaban tus antecedentes y los de tu familia”, finaliza.
Esa expansión no pasó inadvertida. En mayo de 2026, en Santiago de Chile, cancilleres y ministros del Interior de Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador firmaron el Compromiso Regional de Santiago, al cierre de la Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional. El fiscal nacional chileno Ángel Valencia expuso allí sobre el avance de las mafias en Sudamérica y examinó la presencia de bandas de cobro de cupos con conexiones directas entre Perú y Chile, citando las operaciones de Los Pulpos.
Los cinco gobiernos pusieron un plazo de 90 días para presentar un plan regional con cinco ejes: inteligencia financiera para congelar fondos ilícitos, trazabilidad de armas y explosivos, cooperación entre fiscalías y policías, control en pasos fronterizos porosos y mecanismos de respuesta conjunta ante mafias como el Tren de Aragua y Los Pulpos. Dos de ellos, el seguimiento al dinero y el control de explosivos, coinciden con lo que diversos especialistas recomiendan también para el ámbito nacional.
La extorsión ha dejado de ser una amenaza contra víctimas individuales. Se volvió un sistema paralelo de tributación y de autoridad informal sobre la sociedad civil, y se gestó en el norte antes de llegar al resto del país.
Cuatro de los hombres que extorsionaban a María* están presos, pero por otra causa. Ella sigue sin saber si alguien responderá por lo que le hicieron y las consecuencias que tuvo en su vida.
Tras los últimos acontecimientos ocurridos en Trujillo que pusieron en el escrutinio público al gobierno entrante de Keiko Fujimori, la pregunta que queda es si el Perú tomará en serio lo que este laboratorio le ha mostrado, o si seguirá llegando tarde a cada nueva ciudad donde el sticker, el vago o la extorsión ya están presentes.
*Los nombres fueron cambiados por motivos de seguridad.
