En el extremo nororiental del Perú, en medio de una frontera difusa y frondosa que se entrelaza con Ecuador y Colombia, yace el Putumayo, una de las ocho provincias que conforman el departamento de Loreto. Desde este territorio, los Comandos de la Frontera (CdF) —un grupo armado dirigido por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— administran economías ilegales, establecen normas de conducta comunales y secuestran el futuro de la Amazonía.
El Putumayo es hoy un espejo de lo que ocurre cuando la presencia estatal se reduce a estados de emergencia que no trascienden la declaración. En las riberas de su río homónimo, la presencia fortalecida de los CdF ha tejido un sistema de control sobre las actividades ilícitas que se sostiene gracias a la violencia armada y a la indiferencia cómplice del Estado. Los bosques de esta provincia son devastados por la tala ilegal y el narcotráfico, mientras que la minería ilegal contamina sus ríos con mercurio y residuos de combustible.
De acuerdo a testimonios de líderes indígenas, organizaciones socioambientales y líderes locales, recopilados para este artículo, la devastación de los ecosistemas y la vulneración sistemática de la población indígena en el Putumayo puede ser irreversible si no recibe atención seria e inmediata por parte de las autoridades competentes.
El narcotráfico como eje de la economía clandestina
El narcotráfico es la principal fuente económica del Putumayo. “Después del caucho, no se ha visto nada parecido”, afirma un líder del pueblo Kichwa entrevistado por Al Margen, que prefiere mantener su identidad en reserva por temor a represalias. “Los indígenas no tienen de otra, solo trabajar para los patrones, que son colombianos y tienen arreglos con los Comandos. Al final, ellos se quedan con toda la producción de pasta (básica de cocaína)”, agrega.
De acuerdo con el último monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en 2024 Putumayo fue la segunda provincia con mayor producción de hoja de coca en Loreto y la decimotercera en todo el país, con 1.558 hectáreas cultivadas. Alrededor del 87% de estos sembríos ilegales están en el distrito Teniente Manuel Clavero, seguido por Putumayo, Yaguas y Rosa Panduro.
En este contexto, el Ministerio Público contabilizó 815 casos por Tráfico Ilícito de Drogas (TID) entre el año 2020 y 2024 en Loreto. Y aunque se presenta como un logro que el 80,7 % de estos haya sido calificado como “resuelto”, la mayoría de expedientes terminó archivado en etapa preliminar y apenas 33 casos obtuvieron una sentencia firme.
Así, la maquinaria del narcotráfico no se detiene y las narcoavionetas forman parte del paisaje cotidiano del Putumayo. Cerca de la comunidad nativa Huapapa, en el distrito de Yaguas —según hallazgos de ProPurús—, una pista de aterrizaje clandestina permanece activa desde hace varios años. Es utilizada por avionetas que transportan insumos químicos y cargamentos de droga hacia Colombia. “¿Quiénes creen que controlan toda esa zona? Los Comandos, nadie más. Todos lo saben, pero no podemos denunciar porque se enteran y nos matan”, denuncia el líder indígena entrevistado.
La pesca ilegal es, por otra parte, una práctica aliada tan eficiente como el transporte aéreo para los traficantes de droga. En el Putumayo, pescadores —en su mayoría colombianos— ingresan con embarcaciones equipadas con cuartos fríos para almacenar grandes cantidades de pescado capturado mediante arrastre, una práctica destructiva que arrasa con especies vulnerables como el paiche.
En medio del contrabando de especies hidrobiológicas, la Dirección Regional de Producción (Direpro) de Loreto no registra autorizaciones para el uso de cuartos fríos en el Putumayo; sin embargo, entre 2019 y 2025 otorgó 282 permisos de pesca artesanal. Informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía Federal de Brasil, a los que tuvo acceso este medio, detallan cómo que estas embarcaciones también trasladan pasta básica y clorhidrato de cocaína vía fluvial, camuflando la mercancía ilegal en los cuartos fríos que nadie fiscaliza.
Dragas y mercurio en el corazón de la frontera
La minería ilegal se apodera paulatinamente de las aguas del Putumayo. Dragas de todos los tamaños —pequeñas, medianas y grandes embarcaciones con motores acoplados que succionan sedimento del fondo del río— se mueven entre Perú y Colombia, esquivando operativos y amparándose en la soberanía territorial de dos Estados que miran hacia otro lado.
Según el fiscal Bratzon Saboya, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), se han detectado operaciones mineras activas en las comunidades nativas fronterizas Flor de Agosto, Puerto Aurora, Nuevo Progreso y en la ciudad de San Antonio de El Estrecho. “Cuando la Marina del Perú navega, los mineros cruzan al lado colombiano. Así evaden cualquier intervención”, precisa el fiscal en entrevista con Al Margen.
El oro extraído a lo largo de los 1.257 kilómetros del río Putumayo que pasan por territorio peruano, sigue rutas clandestinas hacia la triple frontera, donde los cargamentos se trasladan a Colombia para ingresar al circuito internacional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera la minería ilegal como la mayor amenaza de lavado de activos del país.
Pero las secuelas de la minería ilegal no quedan en el agua: también se alojan en los cuerpos de la población. Según el informe Contexto de la minería ilegal de oro en la cuenca Putumayo-Içá, de la Wildlife Conservation Society (WCS), el 97% de las personas muestreadas en el Bajo Putumayo presenta niveles de mercurio superiores a los límites recomendados por la OMS.
Los resultados —obtenidos a partir de 166 muestras de cabello recogidas durante 2024— evidencian que la exposición al mercurio está vinculada al consumo de pescado, alimento cotidiano en las comunidades ribereñas. Los niños, niñas y mujeres en edad reproductiva son los grupos más afectados por los efectos neurotóxicos de este metal pesado.
Para César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, estos resultados son consecuencia directa de la minería ilegal que opera en toda la cuenca del Putumayo, tanto en Perú como en Colombia y Ecuador.
“Los altos niveles de mercurio en las poblaciones locales e indígenas del Bajo Putumayo muestran los terribles efectos en la salud que tiene la extracción de oro en ríos y cauces, una práctica prohibida por la ley”, advierte.
Un bosque que desaparece sin responsables
El narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía tienen consecuencias devastadoras en los ecosistemas, y una de las más visibles es la deforestación. En los últimos 25 años, las plataformas de monitoreo forestal muestran la magnitud de la pérdida en el Putumayo.
GeoBosques, del Ministerio del Ambiente, calcula 18.092 hectáreas deforestadas. Global Forest Watch, en cambio, eleva la cifra a 24.152 hectáreas. Las diferencias —explica Iván Brehaut, investigador del Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales (ODDA)— se deben a variaciones metodológicas y a la nubosidad permanente del dosel amazónico. “Las discrepancias no niegan la realidad. Putumayo está perdiendo su bosque a una velocidad alarmante”, advierte.
El fiscal Saboya reconoce que el obstáculo central de la impunidad no pasa por ignorar lo que sucede, sino por no tener los mecanismos para identificar responsabilidades individuales. “Podemos comprobar la deforestación con imágenes satelitales, pero no identificar al responsable. Y no tener al autor plenamente identificado es suficiente para archivar el caso”, manifiesta.
Pero la destrucción del bosque no se limita a la coca ni al oro. Un estudio de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) sostiene que la madera peruana extraída ilegalmente se transporta por el río Putumayo para ser legalizada en Colombia, donde hasta el 50% de la madera comercializada podría tener origen ilícito.
Brehaut explica que esto es posible gracias a que blanquear este recurso en papeles resulta una tarea fácil. “Los funcionarios del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y de las gerencias forestales facilitan la legalización alterando guías o falseando datos. El sistema permite que la ilegalidad entre por la puerta grande”, sentencia.
De las 60 comunidades nativas de la provincia, 42 han solicitado permisos forestales, pero 27 acumulan sanciones por tala no autorizada emitidas por Osinfor, que suman 1.2 millones de soles. Un número inimaginable para quienes deben asumir ese pago.
Una frontera gobernada por fusiles
Donde el Estado no llega, el poder se redefine a punta de fusil. A lo largo de la ribera del Putumayo operan los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, otra disidencia de las FARC. Ambos grupos usan el lado peruano como retaguardia logística y zona de control de rutas de narcotráfico, minería y tala ilegal.
Estas organizaciones imponen normas sociales, reclutan jóvenes, extorsionan y cobran impuestos por el uso del territorio. Su presencia ha transformado la vida en las comunidades, donde sembrar hoja de coca se convierte en una obligación impuesta por la supervivencia.
Un líder indígena del Putumayo —también en anonimato por seguridad— explica: “No hay Estado. Si no siembras, te amenazan o no te dejan vender tu pescado. Aquí nadie denuncia porque hay temor y nadie te va a defender”. Por la presencia de las economías ilegales y los grupos armados, el entrevistado ha aprendido a vivir en silencio, sin denunciar las amenazas que recibe por defender a la población indígena y los bosques. “En el Putumayo nadie puede denunciar nada porque hay fuerte temor y nadie te va a defender. Hasta yo mismo he sufrido amenazas, pero no denuncié por temor”, cuenta.
El Putumayo es un territorio sin fronteras para el crimen: apenas tiene siete puestos fronterizos con 87 policías, según el Ministerio del Interior (Mininter), solo dos cuentan con computadoras y ninguno con dormitorios adecuados. En algunos, siete agentes comparten una misma habitación.
Loreto, la región más extensa del Perú, registra 276 policías por cada 100 mil habitantes, una cifra muy por debajo de los 390 del promedio nacional y de los 300 recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A esto se suma la falta de infraestructura, internet y combustible para patrullar los ríos.
Desde 2018, los gobiernos de turno han emitido 41 decretos supremos declarando o prorrogando el estado de emergencia por el accionar del crimen organizado. Ninguno ha logrado recuperar el control del territorio.
En medio de ese vacío, los defensores ambientales sostienen las últimas fronteras de legalidad. Una evaluación del ODDA estima que en los cuatro distritos del Putumayo podrían existir al menos 153 defensores indígenas amenazados por las economías ilícitas. El Ministerio de Justicia, sin embargo, solo ha reconocido cuatro en su mecanismo de protección.
“En cada comunidad de la cuenca hay dos o tres personas amenazadas. La gente vive con miedo, pero sigue cuidando su bosque porque es lo único que les queda”, detalla Brehaut.
El Putumayo no es solo una frontera geográfica. Es el límite simbólico entre la soberanía y el abandono. Allí, donde el Estado se disuelve entre los ríos, los pueblos indígenas, los defensores y las comunidades ribereñas encarnan la resistencia cotidiana frente a los grupos armados y el crimen organizado.
El bosque, aunque herido, aún respira. Los ríos, aunque contaminados, aún llevan memoria. Y en las orillas del Putumayo, mientras el mercurio corre entre las manos de los mineros, hay quienes siguen sembrando y resistiendo, convencidos de que proteger la selva es también proteger el futuro del país.
Créditos
Diseño: Jazmín Ceras.
Visualizaciones: José Luis Huacles.
Edición: Pamela Huerta.
