La Amazonía peruana no solo enfrenta tala ilegal, oro extraído de los ríos y cultivos de coca en expansión. En la raíz de todos estos problemas está la relación entre alcaldes, gobernadores, sus intereses personales y el crimen organizado. Desde su posición de poder, facilitan concesiones a familiares, omiten leyes ambientales y dejan que la selva pague el precio con bosques arrasados, ríos contaminados y comunidades desplazadas.